La economía no necesita populismo

 

Bruselas reclama un Gobierno que ofrezca rigor presupuestario

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tras anunciar un preacuerdo de Gobierno. JAVIER BARBANCHO

Mucho van a tener que variar los planes económicos del futuro gobierno que pretende armar Pedro Sánchez con Podemos para que Bruselas dé luz verde a sus Presupuestos. Tras analizar las cuentas enviadas por Nadia Calviño en octubre, la Comisión Europea asestó ayer al Ejecutivo un severo correctivo al entender que las cifras que aguanta el papel no las soportaría la realidad, ya que suponen un riesgo de "desviación significativa" de las reglas fiscales europeas, en particular en lo relativo a la reducción de la deuda. La conclusión palmaria es que España continúa muy lejos de alcanzar la estabilidad presupuestaria. El Gobierno no solo no ha hecho los esfuerzos suficientes para contener el alto nivel de deuda, sino más bien al contrario: ha enarbolado irresponsablemente una política expansiva que desborda lo acordado. «No se espera que España cumpla», sentenció ayer el vicepresidente Dombrovskis, al tiempo que urgió al Ejecutivo a presentar un plan creíble y útil; es decir, actualizado a la coyuntura económica y que contemple medidas adicionales para reducir el déficit.

Aunque la verdad es tozuda, mientras Europa echaba un jarro de agua fría al Gobierno, Sánchez insistía durante un encuentro con empresarios en que su "compromiso con la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal formará parte del nuevo Gobierno". Escuchando al presidente y a la UE, cabe preguntarse: ¿en qué Sánchez debemos confiar? ¿En el que envía unos Presupuestos a Bruselas consciente de que necesariamente tendrían que estar ajustados a previsiones más prudentes? ¿En el que indexa las pensiones en base al IPC pese a que la Comisión advierte de que la sostenibilidad del sistema está en riesgo? ¿O en el que, pese a todo, pretende mostrarse como garante de estabilidad?
Bruselas ya había avanzado hace un mes que con estas cuentas se infringirían las reglas sobre la deuda, pues no reflejaban el esfuerzo estructural pactado. Dado el ciclo de crecimiento y los vientos de cola que dejamos atrás, se trata de una enorme oportunidad perdida. España arrancará 2020 bajo los Presupuestos de Montoro, unas cuentas que no están concebidas para el panorama actual. Esta semana se han publicado más datos que certifican el enfriamiento económico general: la actividad constructora nacional sufre la mayor caída del sector en toda la UE y el turismo acabará el año con un 0,7% menos de visitantes internacionales que el anterior.
Los retos económicos de nuestro país son enormes y deben abordarse desde el rigor presupuestario para no empeorar la desaceleración económica. Por eso ayer la CEOE emitió un inusual comunicado exhortando a Sánchez a formar un Gobierno alternativo al de Podemos. El futuro de los españoles no merece esta continua improvisación, sino un Ejecutivo moderado y estable que propicie pactos de Estado y reformas inaplazables que huyan del populismo.

Automatización

 

El proceso de sustitución de trabajadores por máquinas exige políticas inclusivas

Decenas de robots, en la fábrica de vehículos de Seat en Martorell. Albert García

Más de la mitad de las actividades remuneradas pueden ser automatizadas mediante la utilización de tecnologías hoy conocidas. La combinación de la robótica y la inteligencia artificial, del software y los algoritmos, la capacidad de computación creciente y la de aprendizaje de las máquinas, en definitiva, ya está desplazando a personas de sus puestos de trabajo, en ocasiones hacia otros nuevos o, directamente, al desempleo.

Esta sustitución está siendo especialmente visible en la industria, sujeta a la incorporación de robots en gran escala. Desde luego, en subsectores como el automóvil o el electrónico. Tal ascenso coexiste con el declive de la participación de la industria en la estructura sectorial de las economías, y con la relocalización geográfica de algunos subsectores. En el ámbito de los servicios es más difícil sustituir a humanos por máquinas, pero también se empiezan a observar desplazamientos en algunas tareas más rutinarias, menos complejas.

 

Al igual que ocurrió en otras discontinuidades tecnológicas, la desaparición de funciones o puestos de trabajo desempeñados por personas estará acompañada de la emergencia de nuevas ocupaciones, probablemente con mayor renta media que las desaparecidas, que podrían llegar a compensar, al menos parcialmente, esas consecuencias adversas. Con todo, el saldo que definitivamente arroje esa tensión entre sustitución y complementariedad es difícil conocerlo ahora, dada la tensión innovadora que sigue abierta en el terreno de la digitalización. Esta será determinante de la mayor utilización de esos nuevos sistemas inteligentes y también de la extensión de nuevos modelos de organización empresarial. Junto a la exclusión de las personas con un menor grado de alfabetización digital, el crecimiento del autoempleo parece ser otra de las consecuencias derivadas de esa tendencia a la externalización de actividades, a reducir costes fijos de las empresas, a forzar la constitución de autónomos, que apenas requieren contacto presencial con las empresas contratantes. Como consecuencia, emergen nuevas formas de organización empresarial y, en todo caso, de relaciones de los trabajadores con las empresas menos estables.
Todo lo anterior coexiste con esa tendencia de las empresas multinacionales a optimizar la localización geográfica de tareas y procesos productivos atendiendo a ventajas en las condiciones laborales o fiscales. En realidad, la creciente digitalización sigue favoreciendo la integración internacional de economías menos avanzadas, su participación en esas cadenas de producción transfronterizas extendidas muy frecuentemente entre varios países, en especial en aquellos cuyos trabajadores disponen de habilidades tecnológicas requeridas por las multinacionales. Las consecuencias fiscales tampoco pueden pasarse por alto. A la ingeniería fiscal de las multinacionales puede añadirse ese desplazamiento hacia el autoempleo que muy probablemente reduciría la importancia relativa que hoy tiene la tributación por el trabajo y, con ella, la recaudación impositiva en la mayoría de las economías avanzadas.
Son tendencias ya observables que deberían justificar respuestas de política económica que, sin sacrificar esa dinámica innovadora, garantizasen que el crecimiento que propicia sea suficientemente inclusivo. La suficiencia del Estado de bienestar es una de las condiciones necesarias para que el progreso tecnológico no sea un factor más de fragmentación social.
EL PAÍS, consciente de la importancia del desafío económico y social al que hacen frente Europa y España y al peligro de que un asunto tan trascendental quede opacado por cuestiones más rutilantes pero menos importantes, ha decidido prestar una atención constante y detallada a los cambios que experimenta el mundo del trabajo. Esta semana ha lanzado un programa especial en la web y en papel sobre el futuro del trabajo, que pretende situar el marco del debate y que tendrá continuidad periódica. Queremos que nuestros lectores no se distraigan sobre un tema que es fundamental para su vida y la de sus hijos.

El Supremo dirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse por bajo rendimiento

 

El tribunal fijará los criterios para el retiro forzoso con el caso de un empleado de la Agencia Tributaria

Raquel Pascual Cortés

Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid. EFE

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Madrid 4 NOV 2019 - 08:14 CET

El Tribunal Supremo deberá decidir próximamente si la administración pública puede obligar a jubilarse a un empleado público que ya ha cumplido la edad de jubilación pero que ha solicitado seguir en activo, argumentando este retiro forzoso porque que el trabajador tiene bajo rendimiento en sus tareas. Los jueces señalan que se trata de un supuesto que puede llegar a afectar a un gran número de personas y han decidido fijar criterios al respecto.

Así se señala en el auto de admisión a trámite, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de un recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que había sentenciado que un funcionario no puede ser obligado a jubilarse por su bajo rendimiento y declaró el derecho de este trabajador a prolongar su servicio. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, este colectivo puede solicitar permanecer en su puesto “como máximo hasta que cumpla setenta años de edad”.
Los hechos sobre los que deberá pronunciarse el Supremo se iniciaron el 5 de septiembre de 2017, cuando la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) rechazó la solicitud de un funcionario de este último organismo para prolongar su permanencia en el servicio activo una vez cumplida la edad de jubilación.
Este rechazo a que el trabajador siguiera en su puesto fue justificado en informe o propuesta desfavorable de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos de la delegación especial en Aragón de la AEAT, por “las deficiencias en el rendimiento de este funcionario”.
Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al funcionario argumentando que “la motivación de la negación no está basada en hechos objetivos correspondientes a decisiones de organización del servicio o carga presupuestaria, sino que se basa en el comportamiento individual y subjetivo del demandante”. En este punto, el TSJA se refiere a otra sentencia del Supremo de 3 de diciembre de 2012, para señalar que dichas causas de rechazo son “subjetivas” y “no son suficientes”.
En opinión del tribunal autonómico aragonés que respaldó el derecho del funcionario a seguir en su puesto, lo que imputa la AEAT a este trabajador es “una falta de interés en determinadas cuestiones” que su empleador considera de trascendencia. Por ello, lo que debería hacer la Agencia Tributaria es abrir un expediente disciplinario y, en caso de que se lo mereciera, una sanción por ello. Es más, los magistrados consideran que en el rechazo a la solicitud del funcionario “se esgrime indebidamente una supuesta actividad negligente del funcionario que, hasta momentos previos a la jubilación nunca fue puesta de manifiesto ni denunciada por la Administración, ni le supuso consecuencia alguna de naturaleza sancionatoria”.
El abogado del Estado, en representación de la AEAT decidió presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Aragón, sosteniendo que el rechazo de la petición del empleado público “tiene sustento razonador y motivación suficiente, en las razones de baja productividad del funcionario que allí se ofrecen”. Además, entiende que de esta forma “se cumple así el deber de motivación” que exige el artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este artículo dice que “la Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación” de la actividad.

Pautas a fijar

En este punto, el Supremo ha decidido en su admisión a trámite del recurso de la Abogacía del Estado que determinará “cual debe ser el contenido del deber de motivación” que incluye el artículo 67.3 del Estatuto del Empleado Público antes citado. Esto es, que en el caso de que una administración deniegue a un empleado la posibilidad de seguir en su puesto tras cumplir la edad de jubilación qué es lo que debe argumentar para que esta negativa sea válida. Y, concretamente, dirimirá “si esa motivación puede estar basada en la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines encomendados o habrá de ser necesariamente objetiva, basada estrictamente en causas organizativas o de reestructuración”, indica el Supremo en su auto de admisión a trámite.
Esta polémica se enmarca dentro de la creciente preocupación empresarial en el sector privado ante el aumento de trabajadores con salarios anuales a partir de 40.000 euros en adelante que deciden no jubilarse cuando cumplen la edad de jubilación, ante el descenso de su nivel de vida que supone esta decisión (la pensión máxima se sitúa en 37.232 euros brutos anuales). La empresa puede obligar a estos trabajadores a jubilarse solo si está permitido en su convenio de referencia y siempre que sustituya al trabajador retirado. La jubilación obligatoria puede volver a incluirse en los convenios desde el 28 de diciembre pasado. Ya hay varios convenios colectivos importantes que han recuperado esta cláusula.

El 1% ha cumplido la edad de retiro

• El sector público tiene actualmente 3,2 millones de trabajadores según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año. Más de la mitad de ellos (el 57%) trabajan para las administraciones autonómicas, mientras que el 20% son empleados municipales y el 17% son estatales.

• De estos 3,2 millones de empleados públicos apenas 33.200 tienen 65 o más años y siguen activos en sus puestos de trabajo, sin jubilarse. Esto representa solo el 1% de todo el colectivo de trabajadores del sector público. En el sector privado la denominada jubilación demorada, que se produce después de que el trabajador haya cumplido la edad ordinaria de jubilación apenas afectó el pasado año al 4,6% de las nuevas altas de pensiones.

• El perfil de estos empleados refleja que la mayoría son mujeres (17.200) de entre 65 y 69 años (15.000) y trabajan en la administración autonómica (10.600).

• El colectivo de 70 años y mas está formado solo por 4.200 efectivos repartidos prácticamente por igual entre hombres y mujeres y también trabajan mayoritariamente en las administraciones autonómicas.