viernes, 31 de enero de 2020

Socio o rival

 


Europa debe defender firmemente sus intereses en el nuevo acuerdo con Londres

Miembros del Parlamento Europeo reaccionan tras ratificar el acuerdo de Brexit en el Parlamento Europeo, este miércoles en Bruselas.
Miembros del Parlamento Europeo reaccionan tras ratificar el acuerdo de Brexit en el Parlamento Europeo, este miércoles en Bruselas. AFP
La retirada británica de la Unión Europea se consuma hoy, aunque sus efectos prácticos solo se notarán tras el periodo de transición previsto hasta final de año. Si bien, contra lo que propala el primer ministro, Boris Johnson, es muy dudoso que ese escaso lapso baste para acordar, redactar y aprobar en los Parlamentos un nuevo acuerdo comercial y de cooperación que permita mantener buena parte de las relaciones y complicidades tejidas en cuatro decenios de intensa cooperación.
Huelga repetir lo ya escrito. El Reino Unido está legitimado para emprender la errónea vía que ha escogido, incluso con escaso apoyo referendario. Es su decisión. También es potestad de los europeos adoptar con toda firmeza las decisiones que convengan a sus propios intereses. Es en esto donde hoy debemos poner el énfasis, porque, como ha expandido la propia cultura británica, no es vergonzoso, sino atinado, hablar de intereses en vez de retóricas ideales. Al contrario, conviene poner el interés de los ciudadanos europeos por encima de todo.
Urge ahora, pues, forjar el mandato negociador para el nuevo acuerdo según ese criterio, sobre el pilar de que es mejor una buena y estrecha relación que otra mala y distante: una retirada dura sería peor para los británicos que para los europeos, por evidentes asimetrías de potencia económica y demográfica. Tenerlo presente no implica que una relación económica fluida no sea también interesante para la Unión Europea. Lo es, en aplicación del silogismo según el cual a mayor distancia, mayor perjuicio para ambas partes, aunque sea más oneroso para el Reino Unido, según coinciden en señalar las decenas de estudios e informes económicos internacionales sobre el caso. Más vale un socio que un rival (opción esta que ha escogido Londres), y mejor esa última condición que la de enemigo, opción que, reiterando el error, podría elegir. Ahora bien, la voluntad de trabar un acuerdo mutuamente beneficioso debe traducirse tanto globalmente como en todos y cada uno de sus elementos. En tanto que europeos, los españoles estarán dispuestos a asumir un equilibrio global del paquete final resultante. Pero lucharán sin desmayo, y condicionarán sin complejos su voto —si así conviene— en defensa de un balance positivo para los sectores más sensibles de su economía en este pulso. A saber, en defensa de los derechos y el mejor trato a sus ciudadanos que en el futuro emigren al Reino Unido (los de los ya instalados están garantizados); el respeto a los intereses de los españoles en la evolución de Gibraltar; el acceso a la pesca en los caladeros tradicionales próximos a las islas; la exportación de productos agroalimentarios frescos; sus inversiones —incluidas las financieras en la City—, y su industria turística, de la que los visitantes británicos representan un 20%.
El mandato negociador debe atenerse al principio de reciprocidad, de suerte que el trato más favorable a la otra parte debe ser correspondido por esta. Debe establecer sin duda alguna que el acceso británico al inmenso mercado interior de la UE quedará condicionado a su observancia de los estándares regulatorios laborales, medioambientales y fiscales europeos; debe descartarse toda competencia desleal, sobre todo con impuestos a la baja. Y conviene alcanzar un pacto completo y armonioso, de modo que hay que rechazar la presión de las prisas, malas consejeras en estos asuntos de hondo calado. Porque llegar a minipactos sectoriales para no tener que ampliar el plazo de negociación —como pretende imponer la parte débil de la misma, el Reino Unido— podría dar lugar a abarcar solo los asuntos de interés común y excluir aquellos en los que la UE dispensa mayor interés.
Si la dirigencia del Reino Unido ha tardado cuatro décadas en llegar a la especiosa conclusión de que la desunión hace la fuerza, que se arme de paciencia para aprender que incluso desarmar los estupendos logros conseguidos en común requiere cálculo, reflexión, transparencia y debate democrático. Un ya ex socio, por más pasado imperial que atesore, no puede aspirar a imponer ninguna ley, ni siquiera medio reglamento, a 27. Pues si el Brexit “is done”, con mayor razón la Unión Europea está hecha. Y nadie la deshace caprichosamente.

martes, 28 de enero de 2020

Casado apoyará la subida del salario mínimo


Casado apoyará la subida del salario mínimo

El líder del PP transmite a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que su partido es favorable a un acuerdo logrado con diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su reunión este lunes en la sede del partido con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su reunión este lunes en la sede del partido con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. EFE
El presidente del PP, Pablo Casado, ha trasmitido a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, que apoyará cualquier acuerdo que se consiga en el marco del diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, como el logrado para subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros brutos mensuales en 2020. Tras reunirse esta tarde con los líderes sindicales, el PP ha informado, no obstante, de que el partido apuesta por bajar impuestos y por adoptar medidas estructurales que incrementen el empleo y la competitividad.

Asimismo, Casado ha mostrado a los sindicatos su inquietud por la marcha de la economía y por la subida de impuestos anunciada por el Gobierno de coalición en su acuerdo programático, y les ha recordado que la reforma laboral del PP de 2012 ha permitido crear más de dos millones de puestos de trabajo, ha informado el PP en un comunicado.

Pepe Álvarez, líder de UGT, ha trasladado a Casado la necesidad de que las grandes cuestiones de carácter económico y social se basen en el diálogo y la concertación, como la futura reforma de las pensiones, y de que baje el tono de crispación política con el que ha comenzado la legislatura para encontrar soluciones a los problemas de los trabajadores, ha informado el sindicato. Desde CCOO, Unai Sordo también ha emplazado a Casado a que baje la crispación política y a que se incorpore a negociaciones sobre cuestiones estratégicas como las pensiones, la formación o el cambio en el modelo productivo, teniendo en cuenta que hay "discrepancias profundas" en otros aspectos como la política fiscal o los efectos de la reforma laboral de 2012.

viernes, 24 de enero de 2020

Ángel Víctor Torres designa a Elena Máñez como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo

Ángel Víctor Torres designa a Elena Máñez como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo
Elena Máñez
Elena Máñez releva a Carolina Darias tras su nombramiento como ministra de Política Territorial y Función Pública
El presidente de Canarias destaca que es “una política con un importante recorrido y un seguro para el Gobierno”
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha designado a la actual diputada nacional, Elena Máñez, como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno regional en sustitución de Carolina Darias tras su nombramiento como ministra de Política Territorial y Función Pública por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Elena Máñez cuenta con una dilatada trayectoria vinculada a la justicia social, al feminismo y el trabajo por la igualdad. Ha sido consejera del Cabildo de Gran Canaria, delegada del Gobierno, y en la actualidad es diputada nacional tras las elecciones generales de abril de 2019.
Ángel Víctor Torres destacó que de nuevo una mujer estará al frente de un área tan importante como la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que además incluye un área estratégica como I+D+i, ahondó. De la nueva consejera destacó que es “una política con un importante recorrido y un seguro para el Gobierno de Canarias”,
Elena Máñez ha agradecido la confianza depositada en ella por parte del presidente de Canarias “para poder compartir este proyecto de cambio y de avance social”.  Aseguró que su nombramiento es “un gran honor y lo asumo con un gran sentido de la responsabilidad porque estamos en un momento histórico con un Gobierno progresista en Canarias después de 26 años y un Gobierno progresista en Madrid”, aseguró. Asimismo, destacó que coge el testigo de una “gran compañera, una gran consejera y que ahora será una gran ministra”.

jueves, 23 de enero de 2020

Buen comienzo

 


El pacto salarial demuestra que el diálogo social es posible y rentable

 
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo EFE

El acuerdo del Gobierno con los sindicatos y la patronal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales despeja de un solo golpe varias incertidumbres políticas y económicas asociadas a la formación del Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos. Para empezar, confirma la apuesta social del equipo de Pedro Sánchez, algo que no por largamente proclamado antes e inmediatamente después de las elecciones podía darse por sentado. Para continuar, porque la puesta en acción del área económica del Gobierno ha sido fulgurante; apenas una semana después del juramento de los nuevos ministros, se ha alcanzado un acuerdo social de primer orden, con las reticencias calculadas de la patronal, pero que abre la puerta a nuevos acuerdos futuros y permite abrigar esperanzas de que la legislatura resuelva o mitigue algunos de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad española.
La mejor noticia, no obstante, hay que interpretarla en la apertura de un diálogo social, estérilmente abandonado por la política española desde hacer bastante tiempo, con visos de constituirse en una herramienta decisiva para la economía española. La negociación social no lo resolverá todo y quizá fracase en algún caso, pero es la vía más adecuada en una economía democrática. El acuerdo sobre el SMI demuestra que se puede negociar con una patronal que parecía hoscamente contraria a las políticas anunciadas por la coalición de Gobierno y que, sin embargo, después de resolver algunas de sus contradicciones internas, ha acabado por aceptar su papel en un loable ejercicio de responsabilidad.
La precariedad no puede sostenerse como modelo económico para España. Los trabajadores tienen que recuperar parte del poder adquisitivo devastado por las políticas de ajuste durante la crisis, no solo porque la tarea del Gobierno consiste en mejorar las condiciones de la mayoría social sino porque una retribución irrisoria acaba por deteriorar el consumo, es decir, a largo plazo opera en contra de los intereses empresariales. Por otra parte, la polémica sobre los supuestos daños que causa una subida del SMI en generación de empleo, está prácticamente finiquitada. Ni siquiera es aceptable argumentar que un SMI más alto condena a una parte de los trabajadores cualificados a la economía sumergida, porque la respuesta inmediata es que quien contrata en negroestá cometiendo un delito.
Los buenos comienzos exigen continuidad para que sean socialmente rentables. Hay que aprovechar las expectativas abiertas en el ámbito de la negociación social para situar en ejercicios venideros el SMI en el 60% del salario mediano, siempre que se consiga el acuerdo debido con los agentes sociales y que el crecimiento de la productividad global lo permita. También es una oportunidad nada desdeñable para encauzar en una mesa negociadora una rectificación consensuada de la reforma laboral de Rajoy. Es muy probable que en esta rectificación necesaria haya puntos de acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Con la precariedad contractual, aplicada sin cálculo ni mesura en tiempos de crisis, sucede lo mismo que con el salario precario: que no es el modelo que necesita y merece la sociedad española.

María Jesús Montero: “España aún tiene margen para nuevas figuras fiscales”

 


La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno defiende que la cohesión del Ejecutivo es "sólida"

   
María Jesús Montero, el pasado viernes en la sede del Ministerio de Hacienda de Madrid.

María Jesús Montero (Sevilla, 53 años) es una figura en ascenso en el Gobierno y el PSOE. Ha sido una de las negociadoras del acuerdo con Unidas Podemos y ahora será la cara del Ejecutivo como portavoz, además de llevar la caja como ministra de Hacienda. Montero, que recibió a EL PAÍS el viernes 17 de enero, después de su estreno como portavoz, está convencida de que el enfrentamiento brutal entre el PSOE y Unidas Podemos en estos meses ha servido para que ahora el Gobierno esté más cohesionado y pueda incluso durar cuatro años.


Pregunta. ¿Cuánto va a durar este idilio con Podemos?
Respuesta. Creo que la cohesión del Gobierno es bastante sólida. Toda la experiencia vivida en este periodo, con sus luces y sus sombras, con la investidura fallida, nos ha permitido ver la importancia de que la alianza sea robusta y tenga una estabilidad a lo largo de la legislatura. Hemos pactado medidas de tanto calado que van a requerir desarrollo en el tiempo.
P. Con una mayoría tan exigua, con una investidura por la mínima, dependiendo de ERC, ¿se puede agotar la legislatura o es solo un deseo?
R. Creo que sí, aunque hay que establecer alianzas con otros grupos para tener una mayoría suficiente para tramitar leyes, sobre todo Presupuestos, porque el PP ni está ni se le espera. O hay un revulsivo en el PP, o van a estar atrincherados sin reconocer siquiera el resultado democrático de las elecciones. El PP tendrá que salir del complejo con la extrema derecha. Cuanto más se acerque a Vox, más les comerá.
P. El Gobierno de coalición parece haber elegido el veto parental de Murcia como un elemento para dar una batalla ideológica. ¿Viene una legislatura de combate izquierda derecha?
R. La polémica del pin parental sirve para dejar claro los principios de la democracia. Es como pretender que el niño, por el hecho de serlo, no tiene derechos.
P. Con todo lo que se han dicho estos meses, ¿qué siente al ver ahí a Pablo Iglesias sentado con Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros?
R. Será que soy muy consciente de todos los caminos que hemos recorrido, pero yo lo veo con normalidad, oportunidad, ilusión. Todas las reuniones que hemos mantenido, incluso en la investidura fallida, han sido extraordinarias para permitirnos ahora sentarnos conociéndonos mejor.
P. ¿La guerra fue necesaria para firmar la paz, entonces?
R. Si uno tiene una visión optimista, todo sirve, todo vale. El PSOE intentó un Gobierno en solitario, creíamos que era lo mejor. No fue posible. Cuando los ciudadanos votaron de nuevo, el presidente se sintió mandatado, los ciudadanos pidieron Gobierno progresista.
P. Ya hemos oído tonos distintos sobre la reforma laboral entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pidió la derogación, y la vicepresidenta Nadia Calviño, que la circunscribió solo a los aspectos más lesivos de la misma. ¿Empiezan los roces?
Yo no diría que es un cambio de discurso, es una adaptación a las circunstancias
R. El Gobierno se ciñe a lo pactado: la derogación de los aspectos que produjeron más daños. Hablamos del despido por absentismo, de la prevalencia del convenio de empresas, de la ultraactividad...
P. ¿El Consejo General del Poder Judicial se va a convertir en un referente de la oposición como sucedió con Zapatero?
R. No, no. Yo creo que todos los acontecimientos en Cataluña han sido también muy duros para el sistema judicial. La forma de abordar el problema del procés le pasó una patata caliente a la justicia. El hecho de que Rajoy escondiera la cabeza como un avestruz, que se fugara Puigdemont por la frontera, que hubiera una declaración de independencia, que hubiera dos intentos de referéndum con una inacción del PP, no fue plato de gusto para los jueces. Hemos heredado una situación muy complicada.
P. ¿Entiende que en el mundo judicial vean el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general como una provocación? Era ministra y diputada del PSOE.
R. Los compañeros de la señora Delgado saben que tiene un impresionante currículum como fiscal, y también que como ministra ha demostrado que tiene un absoluto respeto a la independencia de la fiscalía general.
P. El PP tiene aún pendientes varios juicios. La fiscal general puede dar instrucciones ahí. ¿No debería tener al menos por estética una imagen de imparcialidad?
R. Lo que se discute es la estética. Que se eleve a ese tono cuando Delgado siendo ministra ha tenido un comportamiento impecable con la fiscalía general me parece que no corresponde.
P. ¿Habrá Presupuestos? ¿Qué margen hay para subir impuestos sin soliviantar a la clase media?
R. España está por debajo de la presión fiscal en Europa. Su sistema tiene margen para buscar nuevas figuras impositivas. Queremos estudiar a fondo el impuesto de sociedades. Hay que ver si las empresas realmente están usando los incentivos para la igualdad o la contratación de personas con discapacidad. Hay margen para que no tenga un rendimiento tan bajo como tiene ahora. También tiene que haber un desarrollo de la política fiscal verde que permita acompañar al sector productivo para lograr una economía neutra en carbono. La fiscalidad es una herramienta, no un fin en sí mismo.
P. ¿Y la tasa Google?
R. La digitalización es otro de los grandes retos para los que hay que usar la fiscalidad. En la UE hemos contribuido a buscar un impuesto único. Seguimos trabajando en ello, pero hay dificultades por la exigencia de unanimidad. Las nuevas figuras fiscales deben formar parte de una nueva fiscalidad del siglo XXI que tiene que ver con lo digital, lo medioambiental y la imposición sobre la riqueza.
P. ¿Los Presupuestos dependen de cómo vaya la mesa de diálogo pactada con ERC?
Tanto ERC como el PSOE somos conscientes de que la situación es difícil. Pero el diálogo es el único instrumento
R. El acuerdo con ERC tiene una serie de hitos, hay que ver cuándo se reúne la mesa, cómo se van desarrollando los trabajos. Tanto ERC como el PSOE somos conscientes de que la situación es difícil, porque las posiciones de unos y otros están muy alejadas. Pero el diálogo es el único instrumento. ¿Qué hubiera ocurrido en España si Suárez no acepta sentarse con Santiago Carrillo cuando las posiciones eran tan discrepantes? Ni tendríamos esta Constitución ni 40 años de progreso.
P. ¿Después de leer la entrevista de Oriol Junqueras en EL PAÍS, no le inquieta que la legislatura dependa de alguien que dice que volverán a declarar la independencia? [Esta pregunta se ha añadido este sábado]
R. Pensar que repetir el 1 de octubre pueda tener consecuencias distintas de las que tuvo es irreal. Ese camino ya sabemos hacia donde conduce, ahora debemos explorar desde el diálogo y el respeto al ordenamiento jurídico otras soluciones.
P. En la campaña electoral Sánchez habló del 155, de traer a Puigdemont, de recuperar el delito de convocatoria de referéndum. Y lo que han hecho es acordar con ERC una mesa de Gobiernos. El cambio de discurso es evidente. ¿Su gente lo entiende?
R. Yo no diría que es un cambio de discurso, es una adaptación a las circunstancias. El resultado electoral es el que es, y obliga a un acuerdo en el que tienes que ceder en algunos planteamientos. En lo que el PSOE no va a ceder ni un ápice es en la integridad territorial de España, en el respeto a la Constitución o al ordenamiento vigente.
P. ¿Nadie le dice en su entorno, en la calle, entre la militancia, que le chirría lo de ERC?
R. No, no. La gente está muy contenta. Porque ha visto que el país se pone en marcha, que somos capaces de configurar un Gobierno razonable, con un programa ilusionante que devuelve derechos, que busca un empleo de calidad. La gente de todo espectro político sabe que la situación política con Cataluña es complicada, también la que vota al PP.

“El ajuste no se hará en un año, sino a lo largo de la legislatura”


Pregunta. La subida de pensiones y salarios se llevará la mayor parte de los ingresos extra de las arcas públicas. ¿Con un margen presupuestario tan limitado, de dónde saldrá el dinero para políticas sociales?
Respuesta. Tenemos que poner en marcha un presupuesto con nuevas medidas fiscales, que priorice el gasto y acorde con la senda que se pacte en Bruselas. Tenemos que incorporar las figuras fiscales que estaban en el Presupuesto 2019 y el objetivo de déficit que pactemos con Bruselas.
P. Bruselas exige ya un ajuste de 8.000 millones.
R. La Comisión es coherente y sabe que en 2019 el Gobierno no pudo presentar un Presupuesto. Lo más que pudimos hacer fue contención de gasto. Somos un Gobierno con credibilidad y un compromiso inequívoco de cumplimiento de las reglas fiscales. Cuando tengamos acordada la senda con Bruselas elaboraremos el techo de gasto. Los impulsos más intensos que tengamos que dar a alguna política los haremos a lo largo de la legislatura, y no en el primer año. También dependerá de la evolución económica. España está resistiendo bien los envites de la desaceleración.
P. En la reforma de las pensiones, ¿va a impulsar el Gobierno las reflexiones del ahora ministro Escrivá de su etapa en la Airef [organismo independiente de fiscalización de las cuentas públicas]?
R. Él aporta una experiencia en el estudio de las pensiones. Su mirada se incorporará al Gobierno. Esto no será una propuesta del Gobierno, sino de los agentes sociales, del Pacto de Toledo y de otras fuerzas políticas.
P. ¿Hay margen para subir mucho el salario mínimo?
P. Hay que vigilar que el mercado laboral esté en condiciones de absorber una subida razonable y que permita seguir creando empleo de calidad.

sábado, 18 de enero de 2020

Cuentas difíciles

Un pacto con Bruselas es la mejor estrategia para controlar el déficit


Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos EFE
La decisión de negociar con las autoridades europeas un nuevo calendario de cumplimiento del déficit es la mejor estrategia de política económica que pueda adoptar el nuevo Gobierno. Hay muchos argumentos en favor de llegar a un nuevo acuerdo de estabilidad y crecimiento con Bruselas; y los que puedan citarse en contra, como la supuesta reticencia de los inversores a tasas altas de déficit, parecen aludir a un riesgo irrelevante en un país que se encuentra en un área monetaria controlada. No es posible cumplir con el compromiso de reducir el déficit al 0,5% del PIB en 2020 por una razón política elemental: la legislatura anterior, con un presupuesto prorrogado y unas cuentas bloqueadas por la oposición, sin capacidad para aumentar los ingresos públicos, interrumpieron la pauta temporal del ajuste y obligan a un nuevo pacto de estabilidad con Europa.
La desaceleración del crecimiento, que se mantendrá al menos durante 2020, influye también como un obstáculo a la corrección esperada del déficit. Y la política social que pretende aplicar el nuevo Gobierno, tan legítima al menos como la de reprimir el gasto público y deprimir las rentas que se practicó durante las legislaturas de Rajoy, obliga además a fabricar un margen presupuestario para elevar la inversión y las compensaciones a los más desfavorecidos por la crisis. En la medida de lo posible, sería deseable que no se esgrimiera el voluntarismo optimista que llevó al anterior Gobierno de Sánchez a suponer que el crecimiento de ingresos podrían aumentar la recaudación en 5.600 millones adicionales en un año. Por más rapidez con que se aprueben los Presupuestos, y desde luego corren prisa, esa cantidad será difícil de conseguir en menos de un año.
Por lo tanto se impone relajar la senda del déficit, aunque, como es lógico, es obligado mantener el compromiso de estabilidad, que, en el fondo, es el compromiso por la solvencia de las finanzas públicas españolas.

jueves, 16 de enero de 2020


¿Qué propuestas son más populares? A favor del impuesto a los ricos, divididos por Cataluña



¿Qué propuestas son más populares? A favor del impuesto a los ricos, divididos por Cataluña

Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos. Apúntese aquí para recibir la newsletter en su correo. Aquí tienes la de este miércoles.
¡Buenos días! Hoy volvemos a las encuestas, aprovechando el estudio de 40dB. que publicamos el domingo. Vamos a fijarnos en la valoración que hacen los ciudadanos de cuatro medidas que ha propuesto el Gobierno.

1. Qué propuestas apoyan los votantes

Lo básico. La mayoría de los españoles están a favor de subir los impuestos a las rentas más altas, implantar una renta mínimo y regular la eutanasia. En cambio, la creación de una mesa bilateral en Cataluña divide al electorado y tiene tanta gente en contra como a favor.
La mayoría de españoles valora "bien" la subida de impuestos a las rentas de más de 130.000 euros. Como muestra el gráfico anterior, el apoyo a la medida es casi total entre los votantes del PSOE y Unidas Podemos, pero también hay más gente a favor entre los de Ciudadanos, PP y Vox. Las subidas de impuestos suelen ser impopulares, pero el umbral de 130.000 euros parece suficiente como para que casi todos los electores estén bastante seguros de que no les afectará.
Aún así, el impuesto tiene más éxito de clases medias-bajas. Hay más gente reticente en los dos grupos de rentas altas (A1 y A2) y también, sorprendentemente, entre las rentas más bajas de todas. Pero la muestra del sondeo no suficiente para estar seguros de que el efecto sea real.


¿Qué propuestas son más populares? A favor del impuesto a los ricos, divididos por Cataluña

También está bien valorado el Ingreso mínimo vital. Están a favor casi todos los votantes de Podemos y PSOE, pero también la mitad de los votantes de PP, Vox y Ciudadanos. Además en este caso la medida es menos concreta y surgirán divisiones cuando se discutan detalles como la cuantía o el carácter universal del ingreso. Una encuesta de Cotec dice que el 61% de los españoles estarían a favor de un renta básica universal, aunque solo el 46% pagaría más impuestos para hacerla factible.


¿Qué propuestas son más populares? A favor del impuesto a los ricos, divididos por Cataluña



miércoles, 15 de enero de 2020






Acceso a la pensión de jubilación

Regla general: 
A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de:
  • 67 años o
  • 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.
Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
AñoPeríodos cotizadosEdad exigida
201335 años y 3 meses o más65 años
Menos de 35 años y 3 meses65 años y 1 mes
201435 años y 6 meses o más65 años
Menos de 35 años y 6 meses65 años y 2 meses
201535 años y 9 meses o más65 años
Menos de 35 años y 9 meses65 años y 3 meses
201636 o más años 65 años
Menos de 36 años65 años y 4 meses
201736 años y 3 meses o más65 años
Menos de 36 años y 3 meses65 años y 5 meses
201836 años y 6 meses o más65 años
Menos de 36 años y 6 meses65 años y 6 meses
201936 años y 9 meses o más65 años
Menos de 36 años y 9 meses65 años y 8 meses
202037 o más años 65 años
Menos de 37 años65 años y 10 meses 
202137 años y 3 meses o más65 años
Menos de 37 años y 3 meses66 años
202237 años y 6 meses o más65 años
Menos de 37 años y 6 meses66 años y 2 meses
202337 años y 9 meses o más65 años
Menos de 37 años y 9 meses66 años y 4 meses
202438 o más años 65 años
Menos de 38 años66 años y 6 meses
202538 años y 3 meses o más65 años
Menos de 38 años y 3 meses66 años y 8 meses
202638 años y 3 meses o más65 años
Menos de 38 años y 3 meses66 años y 10 meses
A partir de 202738 años y 6 meses o más65 años
Menos de 38 años y 6 meses67 años 

 
Excepciones:
Se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta. de la LGSS.
La edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta, en determinados supuestos especiales:
  • Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista.
  • Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista.
  • Jubilación parcial.
  • Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS.
  • Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza.
  • Jubilación flexible.
  • Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.
En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de jubilación dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años; esta limitación no afectará a los trabajadores de los regimenes especiales (de la Minería del Carbón y Trabajadores del Mar) que, en 01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior.
Determinación del período cotizado:
  • El cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes.
  • Los períodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de jubilación, a los efectos de poder acceder a la pensión de jubilación al cumplimiento de la edad que, en cada caso, resulte de aplicación, vendrán reflejados en días y, una vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses, con las siguientes reglas de equivalencia:
    • El año adquiere el valor fijo de 365 días y
    • el mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días.
  • Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos.
  • Para determinar los períodos de cotización computables para fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados por el interesado, se tendrán en cuenta:
    • Los días que se consideren efectivamente cotizados, conforme a lo establecido en el art.237 de la LGSS, como consecuencia de los periodos de excedencia que disfruten los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
    • Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, según lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta de la LGSS y en el artículo 6 del R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre.
    • Los períodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, de acuerdo con lo establecido en el art 235 de la LGSS.
 

Período mínimo de cotización

Trabajadores en situación de alta o asimilada:
  • Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
  • Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la oblización de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.
Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:
  • Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
  • Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:
  • Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o reglamentariamente.
  • No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial:
A partir de 04-08-2013, para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a la prestación, se aplicarán las siguientes reglas:
  1. Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

    A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período.

    Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones.
  2. Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador.
  3. El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b).

    En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será aplicable, igualmente, a  aquellas prestaciones de la Seguridad Social que con anterioridad al  04-08-2013 hubiesen sido denegadas por no acreditar el período mínimo de cotización exigido en su caso. En el supuesto de cumplirse el período mínimo exigido con arreglo a la nueva regulación, el hecho causante se entenderá producido en la fecha originaria, sin perjuicio de que los efectos económicos del reconocimiento tengan una retroactividad máxima de 3 meses desde la nueva solicitud, con el límite en todo caso del día 04-08-2013.
Excepcionalmente, todas aquellas prestaciones cuya solicitud se encuentre en trámite el 04-08-2013, se regirán por lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, y su reconocimiento tendrá efectos desde el hecho causante de la respectiva prestación.
A estos efectos, cuando se trate de trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados de hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren la disposición transitoria 16ª de la LGSS, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la LPGE para cada uno de dichos ejercicios.

Hecho causante

Según la situación desde la que se acceda a la pensión, se considera producido el hecho causante:
  • El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta en la Seguridad Social.
  • El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las siguientes excepciones:
    • En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la asimilación.
    • En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.
  • El día de presentación de la solicitud, en las situaciones de no alta.

lunes, 13 de enero de 2020

Este es el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez


El presidente ha dibujado un Ejecutivo formado por cuatro vicepresidencias y 18 ministerios

Desde la izquierda, Sánchez, Calvo, Iglesias, Calviño y Ribera. En vídeo, este es el nuevo Gobierno.
El primer Gobierno de coalición en España de la etapa democrática que se abrió en 1978 estará formado por cuatro vicepresidentes y 18 ministros. Esta es la composición del nuevo Ejecutivo:

Presidencia

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez (Madrid, 47 años) ha vivido el último lustro como un superviviente: desde su llegada a la secretaría general del PSOE a la accidentada salida y el posterior regreso para acabar siendo investido presidente con una moción de censura y renovar su cargo tras la convocatoria de dos elecciones. Al frente del primer Ejecutivo de coalición de la última etapa democrática española, ha diseñado un Consejo de Ministros de marcado perfil económico.

Vicepresidencias

Carmen Calvo: ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Doctora en Derecho Constitucional y número dos de Pedro Sánchez, Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 62 años) ha tenido un papel muy activo en las negociaciones para el acuerdo de Gobierno, especialmente con ERC. Mantiene la vicepresidencia, aunque pierde las competencias de Igualdad, que se integran en un ministerio dirigido por Irene Montero.

Pablo Iglesias: Derechos Sociales y Agenda 2030

Politólogo y profesor universitario, Pablo Iglesias (Madrid, 41 años) ocupará la vicepresidencia segunda del Ejecutivo, de la que dependerán dos áreas: Derechos Sociales y Agenda 2030. Según ha admitido el secretario general de Podemos, su “mayor miedo” es “decepcionar a los suyos” por un programa “muy moderado” pactado con el PSOE.

Nadia Calviño: Economía y Transformación Digital

Economista y abogada, Nadia Calviño (A Coruña, 51 años) ha sido directora general de la Comisión Europea y ministra de Economía con Sánchez. Su gran prestigio e influencia en el Eurogrupo han facilitado que la Comisión Europea aceptase el programa de estabilidad presentado por España para los próximos Presupuestos. 

Teresa Ribera: Transición Ecológica y Reto Demográfico

Teresa Ribera (Madrid, 50 años) es una de las mayores expertas en negociaciones internacionales contra el calentamiento global. Directora de la Oficina Española de Cambio Climático de 2004 a 2011, Ribera ostentará una vicepresidencia en una de las áreas prioritarias para el Ejecutivo de coalición: la lucha contra el cambio climático.

Ministerios

Arancha González Laya: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Arancha González Laya (Tolosa, 50 años) ha sido subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC). Trabajó en la Organización Mundial del Comercio (OMC). También ha desempeñado varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo.

Juan Carlos Campo: Justicia

Juan Carlos Campo (Osuna, 58 años), diputado socialista, juez de carrera —que acaba de ser nombrado magistrado de la Audiencia Nacional el pasado diciembre— y exsecretario de Justicia con Rodríguez Zapatero, entre 2009 y 2011. Campo también ha ejercido como vocal del Consejo General del Poder Judicial y, además, uno de sus últimos cometidos pasó por ostentar la portavocía del PSOE en la comisión de Justicia del Congreso.

Margarita Robles: Defensa

Magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles (63 años) se ha mantenido siempre fiel a Pedro Sánchez, incluso en sus momentos más dramáticos. Cuando el presidente ganó por segunda vez el liderazgo del PSOE, la nombró portavoz parlamentaria y, después, ministra de Defensa, cargo que ahora revalida.

María Jesús Montero: portavocía y Hacienda

Licenciada en Medicina y Cirugía, María Jesús Montero (Sevilla, 53 años) ha trabajado en varios cargos relacionados con la gestión hospitalaria. Antes de ser ministra en el primer Ejecutivo de Sánchez ocupó la cartera de Hacienda del Gobierno andaluz de Susana Díaz, con quien guarda una estrecha relación. En el PSOE de Andalucía muchas miradas están puestas en Montero desde que los socialistas perdieron la Junta.

Fernando Grande-Marlaska: Interior

El mediático juez conservador que destapó el chivatazo a ETA en el caso Faisán volverá a ocupar la cartera de Interior. Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 57 años) llegó a la Audiencia Nacional en 2004, donde sustituyó a Baltasar Garzón. En 2012 se convirtió en presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en 2013, en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Desde que hizo pública su homosexualidad en 2006 ha destacado como activista por los derechos del colectivo LGTBI.

José Luis Ábalos: Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

El secretario de Organización del PSOE volverá a ocupar la cartera de Fomento, rebautizada ahora como Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Al contrario que en la investidura fallida de julio, en la que tuvo un perfil discreto, José Luis Ábalos (Torrent, Valencia, 60 años) ha desempeñado un papel notorio en el equipo negociador con ERC. Político muy cercano a Pedro Sánchez, coordinó la presentación de la moción de censura que el líder socialista ganó en 2018.

Isabel Celáa: Educación

La trayectoria política de Isabel Celáa (Bilbao, 70 años), que conserva la cartera de Educación —aunque no la portavocía del Gobierno—, ha estado unida a este ámbito desde 1987. Licenciada en Filología Inglesa, Filosofía y Derecho, fue la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno socialista de Patxi López en el País Vasco.

Yolanda Díaz: Trabajo

Abogada laboralista y afiliada al Partido Comunista desde muy joven, Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 48 años) procede de una familia de históricos sindicalistas. Fichó a Pablo Iglesias mucho antes de que la propusiera como ministra de Trabajo: en 2012 le contrató como asesor de AGE (Alternativa Galega de Esquerda) para las elecciones gallegas, un grupo precursor de las confluencias de Podemos.

José Luis Escrivá: Seguridad Social, Inclusión y Migraciones

Jose Luis Escrivá (Albacete, 59 años) ha sido el Pepito Grillo de los ministros de Hacienda y los consejeros regionales de Finanzas desde que en 2014 comenzó a dirigir la Airef, acrónimo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En 2013, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le encargó crear esta institución, que fue impuesta a España por la troika tras el dramático rescate financiero de 2012. Escrivá amenazó con dimitir hasta en cinco ocasiones para asegurar su autonomía.

Reyes Maroto: Industria, Comercio y Turismo

Licenciada en Económicas y profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III, Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 46 años) repite cartera. Se labró fama de minuciosa y dialogante en sus tres años como diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Fue también secretaria de Desarrollo Sostenible del PSOE madrileño y portavoz de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda.

Luis Planas: Agricultura, Pesca y Alimentación

Licenciado en Derecho, Luis Planas (Valencia, 67 años) repite al frente de la cartera de Agricultura. Asumió las competencias de Política Territorial cuando Meritxell Batet, antigua ministra de este ramo, fue elegida presidenta del Congreso. Cuando asumió el cargo estaba siendo investigado en una causa sobre el robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales, aunque pronto fue desimputado.

Carolina Darias: Política Territorial y Función Pública

Licenciada en Derecho, Carolina Darias (Las Palmas, 54 años) ha sido hasta ahora consejera de Economía del Gobierno de Canarias, y durante cuatro años presidenta del Parlamento de las islas. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales autonómico. Entre 2004 y 2008 fue subdelegada del Gobierno en Las Palmas, y entre 2008 y 2011 fue delegada del Gobierno en Canarias. Entre esos periodos, fue diputada nacional.

Irene Montero: Igualdad

Licenciada en Psicología, Irene Montero (Madrid, 31 años) pasó por las juventudes comunistas y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) antes de ingresar en Podemos. Tras el congreso de Vistalegre II, que fraccionó el partido, sustituyó a Errejón al frente de la portavocía parlamentaria.

José Manuel Rodríguez Uribes: Cultura y Deporte

El actual portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes (Valencia, 51 años), será el nuevo ministro de Cultura. Doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y discípulo del padre de la Constitución Gregorio Peces-Barba, fue delegado del Gobierno en Madrid.

Salvador Illa: Sanidad

El secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa (La Roca del Vallés, Barcelona, 53 años), será el nuevo ministro de Sanidad. Illa formó parte del equipo negociador socialista en las conversaciones con ERC para lograr su abstención en la investidura. Profesor asociado de Economía de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público y en la actividad política.

Alberto Garzón: Consumo

El líder de IU, el economista Alberto Garzón (Logroño, 34 años), es militante del PCE y orgulloso defensor del comunismo. Su libro Por qué soy comunista, publicado en 2017, no deja lugar a dudas. Es también un convencido republicano: La tercera república es otro de sus seis títulos publicados. Siempre se refiere al Rey como “el ciudadano Borbón”.

Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación

Pedro Duque (Madrid, 56 años) repetirá en el cargo de ministro de Ciencia e Innovación, pero pierde la competencia de Universidades. Ingeniero aeronáutico, en 1992 la Agencia Espacial Europea le eligió para formar parte de su primer equipo de astronautas. En el tiempo que ha estado al frente del ministerio ha tenido que hacer frente a la noticia de que compró un chalé a través de una sociedad que tenía a su nombre y el de su esposa.

Manuel Castells: Universidades

Manuel Castells (Hellín, Albacete, 77 años), sociólogo y economista, es un referente mundial en el estudio de la sociedad de la información. Investigador incansable, no ha dejado de publicar libros y trabajos científicos mientras ejercía como asesor de todo tipo de organismos internacionales, desde la Unesco a la Comisión Europea, así como de numerosos Gobiernos. Es autor de 26 libros, coautor o editor de otros 22 y doctor honoris causa por 18 universidades europeas.