Garantismo fiscal

 

El modelo para declarar bienes en el exterior es disparatado, ratifica Bruselas

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Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda DAVID G. FOLGUEIRAS

Bruselas ha pedido a la Justicia comunitaria que condene a España por la norma que aplica en la declaración de bienes en el extranjero superiores a los 50.000 euros. La Comisión Europea se refiere al conocido Modelo 720, el que desde 2013 obliga a los contribuyentes a declarar sus bienes en el extranjero con el fin de evitar el fraude tributario; y más concretamente al cuadro de sanciones incluidos en la norma. La Comisión considera abusivo e inaceptable que los bienes no declarados sean considerados imprescriptibles a efectos de posible delito fiscal; que la sanción se aplique de forma automática, sin que medie opción alguna de defensa del contribuyente; y que la cuantía de la sanción sea del 150% de la cuota exigida, sin graduación alguna en función de las circunstancias de la infracción. En su día, el cuadro normativo del modelo 720 ya fue criticado precisamente por lo que hoy denuncia la CE; a pesar de lo cual, el ministro Cristóbal Montoro siguió adelante con sus planes y aprobó una legislación fuera del acervo común europeo, que ahora el próximo Gobierno tendrá que modificar bajo presión europea.

El modelo 720 entró en vigor en 2013 y desde su creación se interpretó como un instrumento coactivo de acompañamiento a la disparatada amnistía fiscal. Como Hacienda no conseguía obtener de dicha amnistía los ingresos fiscales esperados, se aplicó una exigencia de información de bienes en el exterior con fines claramente intimidatorios. La redacción no pudo ser más desafortunada. La prescripción de un delito, y esto deberían saberlo los juristas del equipo del entonces ministro, es una pieza fundamental de la garantía jurídica que debe ofrecer todo sistema legal. Es absurdo que a un presunto delincuente fiscal se le aplique el estigma de imprescriptibilidad, como si se tratase de un caso de genocidio o de lesa humanidad.

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Las sanciones, además, tienen que ser proporcionadas a la gravedad de la falta. No es de extrañar que la Comisión Europea haya entendido, a instancias de los denunciantes, que la punición de la norma Montoro no solo es excesiva sino que no puede ser aplicable en el espacio jurídico europeo. El recurso de Bruselas está puesto en razón, para bochorno del aparato administrativo español; el nuevo Gobierno debería admitirlo sin más y proceder a su rectificación inmediata.

A la vista de las numerosas reprimendas de Bruselas o de los tribunales europeos a piezas legislativas españolas habría que preguntarse si los legisladores nacionales son conscientes de que operan en un espacio jurídico más amplio que el español; y que este espacio, que es el europeo, tiene dominio o superioridad en muchos aspectos de la regulación económica y social española. Los despropósitos del modelo 720, previsibles hace seis años y evidentes hoy, podrían haberse evitado fácilmente con las consultas debidas a la legislación europea y con un periodo de reflexión en la redacción del texto administrativo. La inconsecuencia jurídica, quizá también el desconocimiento, y el ánimo de usar las leyes como medida de presión, acaban pasando una factura muy onerosa: se paga en credibilidad, ante Europa y ante el contribuyente. Una Administración a la que rectifican sus decisiones está incapacitada para gestionar con equidad y firmeza

El Supremo avala bajar el sueldo a los funcionarios poco productivos

Los jueces reconocen un margen de discrecionalidad a la Administración para recortar el plus de rendimiento

 

       

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acaba de avalar que la Administración Pública pueda rebajar el sueldo a una funcionaria, a través de un recorte del complemento de productividad llevado a cabo por disminuir su rendimiento. Según la sentencia, en la normativa “queda claro que lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica asignación en otro”, es decir, que el plus de productividad no se consolida. Además, los jueces reconocen un “margen de discrecionalidad de la administración” para recortar ese plus si cae la productividad. En este caso, la jefe de la funcionaria dijo que no atendía el teléfono, que no obedecía las instrucciones y que trabajaba menos de lo que le correspondía.

La sentencia conocida ayer afecta a una funcionaria del Tribunal de Cuentas que reclamó al Supremo que declarara no conforme a derecho la resolución dictada por este organismo estatal en diciembre de 2017 en la que se inadmitía el recurso impuesto por esta empleada pública contra la disminución del complemento que cobraba por productividad. La trabajadora pedía que se le devolvieran 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos.

El Gobierno regional lanza una oferta de empleo de 320 plazas antes de fin de año

 

Se trata de la cuarta convocatoria en cinco años para la Administración General de la Comunidad Autónoma l El Ejecutivo quiere unificar la OPE de 2017 con la de 2019

Expectativas

• Al margen de que el próximo año haya nueva oferta de empleo para la Administración General de la Comunidad Autónoma, lo que sí habrá es una convocatoria de plazas para la Policía Canaria de alrededor de 70 plazas que está preparando la Dirección General de Seguridad y Emergencias. La oferta para el cuerpo autonómico de 2018 fue la única que se convocó el año pasado.
• La Consejería de Administraciones Públicas aprobó recientemente un decreto de carácter urgente con el ?n de acelerar los procesos selectivos y no demorar la incorporación de los nuevos empleados a sus plazas, ante los problemas que se vienen acumulando debido a los numerosos procesos convocados y la falta de personal para clasi?carlos. Peor está la situación en las áreas de Sanidad y Educación, sectores donde se suelen convocar más plazas que en el ámbito de la Administración General y donde también se acumulan las convocatorias.
  

El Gobierno regional ha apurado los plazos hasta los últimos días del año para volver a convocar una oferta pública de empleo (OPE) en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. La previsión es que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publique en el plazo máximo de dos semanas la convocatoria de 320 plazas, 266 de ellas por acceso libre y 54 de promoción interna. De esta forma, se cumple con el lanzamiento de una oferta en 2019 al publicarse antes del 31 de diciembre, aunque su desarrollo se aplique ya el próximo año.

Con las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y el histórico cambio político en el Ejecutivo canario había quedado pendiente la iniciativa de convocar nuevas plazas en la Administración autonómica. El actual equipo de la Consejería de Administraciones Públicas se encontró sin una nueva oferta sobre la mesa y ha sido en los últimos dos meses cuando se han acelerado los trabajos para confeccionarla. Ya se había comunicado la intención a los sindicatos y para hoy se ha convocado a las centrales en la mesa general de Función Pública para cerrar la negociación y llevar el acuerdo al Consejo de Gobierno, para después publicarse en el boletín en los días previos a Navidad.

Se trata de la cuarta oferta de empleo público de la Administración General que se convoca en los últimos cinco años. En los años 2015, 2016 y 2017 se notificaron nuevas plazas de forma consecutiva. En 2018 sólo se ofertaron puestos para el Cuerpo General de la Policía Canaria y es ahora cuando se vuelve a lanzar una oferta amplia en la que se incluyen distintas categorías tanto en el ámbito técnico como en el administrativo.

Acumulación

La directora general de Función Pública, Laura Martín, confirma que, tras la reunión celebrada con los sindicatos, se aprobará la OPE en el Consejo de Gobierno de esta semana. El BOC la publicará alrededor del 20 de diciembre. Según Martín, se harán pruebas selectivas para 266 nuevas plazas por el turno libre junto a las reservadas a personas con discapacidad y, por otro lado, 54 para promoción interna, es decir, funcionarios que se presentan para ascender en el escalafón.

Una de las cuestiones que también se ha planteado desde Función Pública es la de acumular la oferta de empleo de 2017 con la de 2019, con el fin de acelerar el proceso de convocatoria de las pruebas ante el retraso que acumula la oferta de hace dos años.

Por ello, Laura Martín apuesta por unir las dos convocatorias aunque ya hay plazas de la oferta de 2017 que están realizando las pruebas selectivas, sobre todo las correspondientes a la Agencia Tributaria Canaria (ATC), organismo autónomo al que el Gobierno le ha dado prioridad para incrementar el personal.

Se da la circunstancia de que la última OPE también se publicó en el último suspiro del año, concretamente en el BOC del 29 de diciembre de 2017. En aquel momento se convocaron 350 plazas, 280 de ellas por tasa de reposición y 70 de promoción interna. Solo para la Agencia Tributaria Canaria se convocaron 73 plazas que, según Martín, ya se están desarrollando.

Las convocatorias realizadas entre 2015 y 2018 sumaban 1.058 plazas, a las que hay que sumar ahora las de 2019, lo que eleva a más de 1.300 las vacantes que se han convocado entre turno libre y promoción interna en el último quinquenio.

La tasa de reposición estuvo prácticamente bloqueada hasta 2015, que fue cuando se comenzó a flexibilizar, aunque solo en determinadas áreas esenciales. En el caso del Archipiélago, no fue hasta finales de 2017 cuando el Gobierno regional reinstauró la tasa de reposición del 100% para el personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma, el personal estatutario con plaza en el Servicio Canario de la Salud, el personal de la Policía Canaria y de la Agencia Tributaria.

La nueva convocatoria llega cuando aún no se han cerrado las pruebas de las ofertas anteriores. El Ejecutivo regional se vio obligado el año pasado a sacar las pruebas de 422 plazas para cerrar la convocatoria de 2015 y avanzar la de 2016. Ahora se acumulará la correspondiente a 2017 con la de 2019 para acelerar los procesos.

Los canarios pagan más impuestos que nunca pese al frenazo económico

 

Hacienda recauda en las Islas la cifra récord de casi 2.600 millones en solo diez meses l El Impuesto sobre Sociedades se desploma en España mientras crece en la región

 

La Hacienda estatal nunca había recaudado tanto en Canarias como este año. El frenazo que está experimentando la economía no se refleja aún en los ingresos del fisco, no al menos en los que el Estado obtiene en las Islas, que crecen muy por encima de la media. Tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como el Impuesto sobre Sociedades, las dos principales fuentes de ingresos de Hacienda, están en máximos históricos. De hecho, la recaudación por Sociedades se incrementa en el Archipiélago pese a que cae más de un 10% en cifras nacionales. En total, los ciudadanos y las empresas de la Comunidad Autónoma han contribuido este año al sostenimiento del estado del bienestar, en concreto entre el 1 de enero y el 31 de octubre, con cerca de 2.600 millones de euros. Una cuantía que a falta de dos meses por contabilizar ya supera lo recaudado en todo 2016 o 2015, cuando lo peor de la crisis ya había quedado atrás. Es más, los canarios no pagaban tanto al fisco ni siquiera en los años anteriores al estallido de la recesión a finales de 2007. Es decir, ni en los tiempos de bonanza y burbuja inmobiliaria.
La Agencia Tributaria, el organismo recaudador del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda, acaba de publicar los datos de los ingresos fiscales en los diez primeros meses del año. Tras cinco ejercicios consecutivos (2014-2018) de subidas superiores al 2% anual (oscilaron entre el 2,3% de 2016 y el 7,6% del año pasado), la recaudación de impuestos en el conjunto del país apenas crece al cierre de octubre un 0,8%. En los diez primeros meses de 2018, el fisco ingresó casi 181.600 millones de euros, mientras que en el mismo período de 2019 ha recaudado poco más de 183.000 millones. Por lo tanto, en la práctica se ha producido un estancamiento acorde con el estancamiento que también sufre la actividad económica. Si se reduce el consumo de las familias, se resienten los ingresos por el IVA (el Impuesto sobre el Valor Añadido, el gemelo peninsular del IGIC), que a estas alturas de 2018 aumentaban un 10,3% y que ahora lo hacen menos de un 2%. Y si bajan los beneficios empresariales, baja también la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que se deja un 11,6% tras incrementarse un 13% entre enero y octubre del año pasado (cerró el ejercicio con una subida del 7,3%). Detrás de esta sensible reducción de lo recaudado por Sociedades está también el hecho de que las empresas cada vez pagan menos con independencia de su resultado contable. Ya sea por las filiales extranjeras (que tributan allí donde se instalan, no en España), por la consolidación de los resultados (las pérdidas de una firma del holding se compensan con los beneficios de las otras, lo que aminora la base imponible del impuesto) o por mera ingeniería fiscal, las empresas españolas ganan más pero no contribuyen más. Sea como sea, lo cierto es que Canarias se mantiene al margen de la tendencia nacional.

Tan es así, que el Archipiélago está entre las cinco regiones del país en que más ha aumentado la recaudación tributaria en lo que va de 2019. Incluso hay cinco comunidades autónomas en las que ha disminuido en mayor o menor medida: Castilla y León, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Cantabria, en esta última con un desplome de más de un 40%. En cambio, en las Islas se incrementa un 2,8%, dos puntos por encima de la media y solo por debajo de Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja. Son exactamente 2.579,7 millones de euros los que Hacienda ha recaudado en las Islas hasta el 31 de octubre, alrededor de 69 millones más que en el mismo período de 2018. Un notable incremento mitigado por la caída de la recaudación por los llamados Impuestos Especiales (los que gravan la cerveza, los productos intermedios, el alcohol y las bebidas derivadas) y el IVA, que aunque no se aplica en Canarias sí hay operaciones que se liquidan aquí. De no ser por la bajada de ingresos por estos tributos, el aumento del global recaudado en la Comunidad Autónoma sería el más alto del país. No en vano, tanto el IRPF como el Impuesto sobre Sociedades experimentan en el Archipiélago subidas extraordinarias para un contexto de ralentización económica como el actual.

Segundo mayor incremento

En el caso del impuesto sobre la renta, que con mucha diferencia es el que más dinero deja en las arcas públicas, los canarios han contribuido al sistema con 1.704,7 millones de euros, un 5,6% más que entre enero y octubre de 2018. Se trata del segundo mayor incremento de entre las 15 comunidades de régimen común (excluidas las forales Navarra y el País Vasco), solo superado por el 7% de la Comunidad Valenciana. Y en cuanto al Impuesto sobre Sociedades, que experimenta una caída del 11,6% a nivel nacional a consecuencia del retroceso en Madrid y, sobre todo, Cataluña (donde continúa la fuga de empresas por la inestabilidad social, política y económica que ha generado el secesionismo), los ingresos suben en las Islas un 5,2%, hasta superar los 483 millones. En ambos casos, tanto en el IRPF como en Sociedades, la recaudación marca así en Canarias su máximo histórico.
Eso sí, hay que puntualizar que los ingresos públicos por el IRPF, es decir, los dineros con que contribuyen al mantenimiento del entramado institucional y asistencial las personas físicas, crecen muy por encima de los que proceden de las empresas. Dos velocidades en las que subyacen esas cada vez mayores posibilidades de los negocios para pagar menos por el Impuesto sobre Sociedades.
La estadística oficial así lo pone de manifiesto. En los diez primeros meses de 2007, el año que marcaría el antes y el después de la gran recesión, la Hacienda estatal recaudó en Canarias por el IRPF poco más de 1.500 millones de euros. Hoy se recauda, por tanto, un 13,4% más. ¿Y en Sociedades? El principal impuesto que grava a las empresas en España dejó en las Islas entre enero y octubre de 2007 un montante de menos de 466 millones, con lo que los ingresos se han incrementado desde entonces menos de un 4%. Y ello aun cuando los beneficios de las empresas del Archipiélago son por lo general más altos y hasta mucho más altos que entonces. De hecho, las rentas del capital, y en concreto el excedente bruto de explotación (básicamente los beneficios empresariales), han ganado peso en el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma en detrimento de los salarios, lo que no ha obstado para que la presión fiscal haya aumentado más sobre los sueldos que sobre los beneficios.
A los impuestos estatales se suman los del Bloque de Financiación Canario. El IGIC sigue en máximos pese a la rebaja del tipo general del 7 al 6,5% que entró en vigor este año. Más de 1.336,6 millones de euros ha dejado este tributo en las arcas regionales en lo que va de año. Un total de 1.462 millones si se suma lo recaudado por los Impuestos Especiales sobre Matriculación (19,1 millones) y por el polémico Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías, el AIEM (101,9).

Hacienda recula y transfiere a los cabildos el 70% de los fondos del Fdcan

 

 

El Ejecutivo se quedará con 48 millones del fondo y no los 100 que pretendía en un inicio

a.m. 04.12.2019 | 23:14

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, durante la comisión de ayer. EFE

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, durante la comisión de ayer.

El Ejecutivo regional recula. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y a su vez consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anunció ayer que, tras "escuchar, evaluar y discutirlo" con los siete cabildos, ha decidido rectificar y retener solo 48 de los 160 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para este 2019, en vez de los 100 que había fijado en un primer momento el Ejecutivo. De este modo, las corporaciones insulares contarán con 112 millones y no con los 60 iniciales tras la reprogramación regional, si bien se mantienen los 80 millones para la Comunidad Autónoma y los 80 para las Islas programados para 2020 tras el cambio introducido por los cuatro partidos que sustentan el denominado pacto de las flores.
La rectificación supone una inyección de 53,57% más de recursos para los cabildos en este ejercicio, si bien el desarrollo y justificación de las obras puede tardar bastante dado que, sobre los proyectos de 2018, seis de las siete administraciones (todas menos Tenerife) han pedido ampliar plazos. Lanzarote y El Hierro han solicitado que sea hasta el 31 de este mes; La Palma, al 30 de marzo del próximo año; Gran Canaria y Fuerteventura, al 31 de octubre, y La Gomera al 30 de noviembre de 2020. Salvo informes contrarios, se les concederá esos márgenes.

Rodríguez compareció a petición del PP, al que le reprochó que pidiera datos de ejecución de las obras de 2018 cuando los cabildos han pedido, precisamente, ampliar el periodo para justificarlas. A su juicio, se trata de una perversión de las comparecencias porque cree que los populares solo querían hablar del cambio de programación, pero el resto de grupos acuden engañados sobre el fin del debate. Fernando Enseñat, diputado del PP, negó la artimaña, si bien sí le censuró que haya modificado el reparto en busca de más recursos en su área "porque no se atreve a exigir al Gobierno central lo que nos debe".
Al igual que el PSOE, NC, Podemos y ASG, el consejero insistió en que han cambiado el reparto porque considera que los objetivos del Fdcan de diversificar la economía y crear empleo no tienen ligazón con los resultados conocidos hasta ahora. Pese a la rectificación, indicó que el 22 de octubre la Federación de Cabildos (Fecai) le remitió un documento en el que aceptaba que, para 2019, la región se quedase con 100 de los 160 millones de esa anualidad y que, en 2020 y como finalmente se mantendrá, el reparto sea de 80 y 80 en cada caso. No obstante, Rodríguez justificó el cambio que anunció ayer en que no daña la planificación económica del Gobierno regional y perjudica menos a las administraciones insulares.
El vicepresidente y consejero de Hacienda subrayó, asimismo, que respetarán la ficha global de 1.600 millones a 10 años e insistió en que el Fdcan se enfocó mal desde su creación. Por eso, indicó, decidieron retener partidas,"no para aceras, bordillos y voladores, sino para sanidad, educación, vivienda y luchar contra la pobreza, que son las competencias que tenemos sobre el estado del bienestar".
Este fondo se creó en 2016 por la devolución a Canarias, por parte del Estado, del 50% que quedaba del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).Aunque grupos como NC y Podemos reclamaron partidas para servicios básicos, el pacto CC-PSOE lo derivó a los cabildos y ayuntamientos para obras de "diversificación económica", con 160 millones por cada uno de los diez ejercicios siguientes.