El Ejecutivo se quedará con 48 millones del fondo y no los 100 que pretendía en un inicio
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, durante la comisión de ayer. EFE
La rectificación supone una inyección de 53,57% más de recursos para los cabildos en este ejercicio, si bien el desarrollo y justificación de las obras puede tardar bastante dado que, sobre los proyectos de 2018, seis de las siete administraciones (todas menos Tenerife) han pedido ampliar plazos. Lanzarote y El Hierro han solicitado que sea hasta el 31 de este mes; La Palma, al 30 de marzo del próximo año; Gran Canaria y Fuerteventura, al 31 de octubre, y La Gomera al 30 de noviembre de 2020. Salvo informes contrarios, se les concederá esos márgenes.
Al igual que el PSOE, NC, Podemos y ASG, el consejero insistió en que han cambiado el reparto porque considera que los objetivos del Fdcan de diversificar la economía y crear empleo no tienen ligazón con los resultados conocidos hasta ahora. Pese a la rectificación, indicó que el 22 de octubre la Federación de Cabildos (Fecai) le remitió un documento en el que aceptaba que, para 2019, la región se quedase con 100 de los 160 millones de esa anualidad y que, en 2020 y como finalmente se mantendrá, el reparto sea de 80 y 80 en cada caso. No obstante, Rodríguez justificó el cambio que anunció ayer en que no daña la planificación económica del Gobierno regional y perjudica menos a las administraciones insulares.
El vicepresidente y consejero de Hacienda subrayó, asimismo, que respetarán la ficha global de 1.600 millones a 10 años e insistió en que el Fdcan se enfocó mal desde su creación. Por eso, indicó, decidieron retener partidas,"no para aceras, bordillos y voladores, sino para sanidad, educación, vivienda y luchar contra la pobreza, que son las competencias que tenemos sobre el estado del bienestar".
Este fondo se creó en 2016 por la devolución a Canarias, por parte del Estado, del 50% que quedaba del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).Aunque grupos como NC y Podemos reclamaron partidas para servicios básicos, el pacto CC-PSOE lo derivó a los cabildos y ayuntamientos para obras de "diversificación económica", con 160 millones por cada uno de los diez ejercicios siguientes.
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