La recaudación por el IGIC experimenta la mayor caída de los últimos diez años

El montante recaudado hasta junio es un 7,5% inferior al del mismo período del año pasado l La Autoridad Fiscal calcula que los ingresos se reducirán en 2019 un 5%

La recaudación de la Administración autonómica por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) experimentó en la primera mitad de 2019 la mayor caída en diez años. La cuantía que la Hacienda regional percibió en el primer semestre por el principal tributo del llamado Bloque de Financiación Canario, que incluye también el Impuesto de Matriculación y el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías (el polémico AIEM), supone cerca de 67 millones de euros menos que en el mismo período del año pasado. Exactamente 66,8 millones menos, una reducción de un 7,5%, según los primeros datos oficiales publicados. Todo parece que 2019 será así el ejercicio que rompa la tendencia tras ocho años consecutivos de importantes subidas. De hecho, en cada uno de los cinco ejercicios del último lustro (2014-2018) se ha batido un nuevo récord de recaudación por el IGIC, hasta llegar en 2018 a superar los 1.700 millones de euros.

Este extraordinario crecimiento se interrumpe ahora (eso sí, cabe insistir en que la recaudación viene de cifras históricas) después de que el PP forzara a Coalición Canaria (CC) a rebajar medio punto el tipo general del IGIC (del 7 al 6,5% actual) a cambio de su apoyo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año. El voto a favor de los diputados populares, y también el de los tres representantes de la Agrupación Socialista Gomera, hizo posible que los nacionalistas sacaran adelante las cuentas públicas en el Parlamento regional. La rebaja de medio punto en el tipo general, que es el que se aplica al precio de la mayoría de los productos y servicios gravados con el IGIC, es la que está detrás, al menos en parte, de esa caída del 7,5% en la recaudación. El comportamiento del consumo de las familias y empresas también influye, hasta el punto de que una rebaja impositiva puede suponer más ingresos públicos si anima las compras de los hogares y las inversiones de las empresas, pero este no es el caso. El anterior Gobierno, que presidió Fernando Clavijo, ya daba por descontado que se produciría una merma en la recaudación por las rebajas fiscales aprobadas en 2018 y 2019, fundamentalmente en el IGIC pero también en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La previsión era que estas medidas de alivio fiscal costaran a las arcas públicas unos 120 millones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que la bajada de impuestos es uno de los tres ingredientes que se combinarán para que los ingresos del Archipiélago se reduzcan este año un 5%. Los otros dos, los de mayor importancia, son las menores transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma y la aminoración de los dineros provenientes de los fondos europeos. La AIReF explica que recursos que el Gobierno central envió el año pasado a las Islas para financiar inversiones no podrán cobrarse en el actual ejercicio al no haberse aprobado los presupuestos de la nación para 2019. Como tampoco volverán a recibirse, lógicamente, los 500 millones de euros de la deuda que el Estado mantenía con la región por los reiterados incumplimientos del convenio de carreteras. Hay que puntualizar, no obstante, que una parte importante de esas transferencias en realidad no sirvió para mejorar los servicios públicos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió alrededor de 145 millones al filo del 31 de diciembre, con lo que no dio tiempo a gastarlos, según argumentó el anterior Gobierno regional, de modo que pasaron a computar como superávit. Y en el superávit acabaron también esos 500 millones que el Ministerio de Fomento tuvo que abonar por mandato del Tribunal Supremo, que había dado la razón a Canarias en su litigio con el Estado por los hachazos del PP en el convenio de carreteras. La Consejería de Hacienda, aún con Rosa Dávila al frente, vio cómo el Ministerio homónimo tomaba la decisión unilateral de pagar de golpe esa cantidad, con lo que quedaba de facto inutilizada. ¿Por qué? Porque la regla de gasto impide destinar el superávit para todo aquello que no sea pagar deuda pública. Y esto es así para todas las autonomías, por más que Canarias sea una de las comunidades menos endeudadas del país.

El Gabinete de Clavijo decidió así saltarse la regla de gasto tras reclamar pública e insistentemente a Sánchez y a la ministra María Jesús Montero, sin obtener respuesta, una excepción en favor de las Islas. Esta decisión permitió aprobar medidas como la reducción de las horas lectivas del profesorado de la Educación Secundaria. En definitiva, más gasto público con menos ingresos, de ahí que el mismo Clavijo o la misma Dávila admitieran públicamente que incumplir la regla de gasto era algo que se había tenido en cuenta. Algo que ahora ha corroborado la AIReF, que en su último informe sobre las finanzas de Canarias apunta que la Comunidad Autónoma está en "riesgo alto" de incumplimiento. Cosa distinta es el superávit, porque a pesar de que se vulnere la regla de gasto, el organismo que preside José Luis Escrivá cree que el Archipiélago cerrará una vez más el ejercicio tras haber entrado en la caja pública más dinero del desembolsado. Al menos con los datos a fecha del informe.

El margen de maniobra de Torres y del nuevo responsable de la Hacienda autonómica, Román Rodríguez, depende sobremanera de que se materialicen una o varias de las siguientes posibilidades: que Hacienda acceda a flexibilizar la regla de gasto para permitir el uso del superávit, algo que en el mejor de los casos no parece próximo; que se conforme cuanto antes el nuevo Gobierno central para que se acelere la negociación de nuevas partidas y/o el cobro de las impagadas; que se dé marcha atrás en las medidas sociales aprobadas por el Gabinete de Clavijo cuando decidió saltarse la regla de gasto, lo que no parece estar en mente del nuevo Gobierno; y/o que en los presupuestos regionales para 2020 se incluya una subida fiscal más fuerte de la prevista inicialmente.