sábado, 29 de febrero de 2020

Transparencia y pedagogía con el coronavirus

Transparencia y pedagogía con el coronavirus

La máxima transparencia y la pedagogía constante son clave para que el miedo, que es libre, no se propague como un virus más
Vista del panel de la prima de riesgo en el parqué de la Bolsa de...
Vista del panel de la prima de riesgo en el parqué de la Bolsa de Madrid este viernes que registra un desplome del 3 % minutos después de la apertura. EFE
El aterrizaje del Covid-19 en Europa ha tenido un impacto fortísimo. Pese a que China es la segunda potencia económica mundial, cuando el virus se creía contenido en Asia los mercados no se desplomaron ante lo que advirtieron como un contagio local: es más, este lunes las principales bolsas arrancaron con fuertes revalorizaciones. Los gobiernos optaron entonces por la prudencia y la OMS trataba de huir de las palabras que podían provocar alarma social. Sí, se tomó alguna decisión empresarial drástica, como la suspensión del Mobile en Barcelona o de ciertas rutas de vuelo con China. Pero la moderación era la norma. Sin embargo, el contagio europeo del coronavirus ha desatado una escalada de tensión cuyo desarrollo es imposible de predecir. En cuestión de días las bolsas que venían de marcar récords se contrajeron hasta niveles que no se recordaban en la última década. La reorganización de rutas y la cancelación de vuelos se suceden y la caída de la demanda aérea se intensifica. Se ha llegado a rumorear la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, multinacionales como Facebook han modificado sus grandes eventos presenciales, los gobiernos se implican ahora directamente en la crisis -Suiza, por ejemplo, ha suspendido las congregaciones con más de 1.000 personas, por lo que el prestigioso Salón del Automóvil de Ginebra no abrirá sus puertas este año- y la OMS, que ha debatido si declarar o no el estado de pandemia, ha elevado la amenaza mundial que supone el coronavirus a nivel muy alto. La economía se tambalea, se multiplican los espacios en cuarentena, los diferentes países aplican medidas contundentes a ojos del ciudadano de a pie; y mientras todo eso sucede, a este se le pide calma. 
En esta aparente contradicción está el quid del estadio actual de la epidemia. Por las certezas científicas que tenemos, sabemos que se trata de un virus cuyo impacto en la salud no acarrea grandes amenazas a no ser que afecte a personas que incorporen una serie de factores previos de riesgo: desde la edad hasta enfermedades respiratorias. Pero también sabemos que se trata de un virus que se contagia con bastante facilidad. Dado que se trata de una enfermedad nueva y todavía no hay herramientas específicas para combatirla, estamos en un momento en que todos los esfuerzos se deben centrar en contenerlo, y para ello se deben tomar medidas a las que no estamos acostumbrados. Justamente por ello, la pedagogía desde los estamentos sanitarios y políticos debe ser un elemento capital en este periodo de incertidumbre. 
En España el número de contagiados ya se cuenta por decenas. Y pasado el impacto sanitario inicial, urge una respuesta institucional que sea capaz de tranquilizar a un mundo económico seriamente perjudicado por el temor al coronavirus. Como explicó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, algunos sectores ya están teniendo problemas de suministros y sufriendo parones de la actividad económica. Con la Semana Santa a las puertas y el verano en el horizonte, el turismo español se prepara para lo peor. Concierne al Gobierno la responsabilidad de poner todos los medios para que nuestro principal motor económico se vea afectado lo menos posible. Esta amenaza global no se debe minimizar: urge afrontarla sin alarmismo y sin complacencia. En este sentido, la máxima transparencia y la pedagogía constante son clave para que el miedo, que es libre, no se propague como un virus más

lunes, 17 de febrero de 2020

Hacienda se niega a rendir cuentas de sus planes contra el fraude fiscal

17/02/2020

La Agencia Tributaria Canaria se acoge al «carácter reservado» de los planes de inspección y los medios informáticos empleados para desarrollar el plan que ronda el millón y medio de euros

Este año, la Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico ha presupuestado 1.420.960 euros para el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, la misma cantidad que puso sus antecesores a pesar de que su actual titular, Román Rodríguez, declaró la guerra a los infractores.
Sin embargo, nada se sabe de lo que hace exactamente la Agencia Tributaria Canaria (ATC) con ese dinero público que desde el año 2017 gestiona con cantidades que han registrado pocas variaciones a lo largo del último trienio -la mayor es precisamente la de 2017, con 1.516.000 euros de presupuesto-.
Para evitar rendir cuentas de los planes de lucha contra el fraude fiscal, el Servicio de Asistencia al Contribuyente y Coordinación Administrativa de la ATC se acoge al «carácter reservado» de los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras. Así contesta a una petición de información cursada por CANARIAS7, al amparo de la Ley Canaria de Transparencia, cuya respuesta ha dado lugar a una reclamación ante el Comisionado de Transparencia.
A la ATC se le pidió información sobre «gastos, acciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal durante los años 2017, 2018 y 2019».
El responsable del servicio indica que, en lo relativo al gasto, la mayor parte corresponde al capítulo de Personal, pero «la Agencia Tributaria Canaria carece de un sistema de contabilidad analítica, por lo que nos resulta imposible poder suministrar con exactitud dicho dato».
A modo de compensación, ofrece el coste de 4.262.880 euros que implica el contrato suscrito con una firma privada para la «implantación, análisis, diseño, desarrollo e implementación del nuevo sistema de lucha contra el fraude tributario».
«En lo relativo a las acciones realizadas -prosigue el documento-, debemos indicar que las actuaciones que en materia de inspección pueda llevar a cabo la Agencia Tributaria Canaria, se encuentran sometidas al carácter reservado».
La Agencia Tributaria Estatal sí ofrece información sin que por ello perjudique a las labores de inspección.

lunes, 10 de febrero de 2020

Oposición de Estado

 


La alternativa al Gobierno es una pieza fundamental del sistema constitucional

El líder del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, en el Congreso.
El líder del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, en el Congreso. Getty Images

Pablo Casado ha amenazado a Pedro Sánchez con ir a los tribunales por “rendir pleitesía a una persona inhabilitada por sentencia judicial” con motivo del encuentro mantenido con Quim Torra. Aunque para el líder popular la reunión supuso una nueva “deserción del bloque constitucional” por parte del PSOE, es la crítica de Casado, como líder de la oposición, la que desde hace tiempo ha dejado de ajustarse a los parámetros constitucionales, pues sabe que la Constitución no declara enemigos, y que al identificarla con su propio partido vulnera el espíritu de aquella.

 



En democracia, tan importante es que exista un Gobierno como el que haya una oposición sobre cuyas espaldas recaiga, junto con el Ejecutivo, la salud y estabilidad de las instituciones. Reivindicar hoy a la oposición como pieza fundamental del sistema se ha hecho aún más imperativo tras el preocupante ascenso de un partido ultra como Vox, cuyo objetivo no es otro que el de ocupar dicho espacio y desplazar de tal función al PP, una fuerza política con histórica vocación de gobierno y con un sentido de Estado que se le presume. Si la oposición no es democrática, no es oposición, pues asumir este papel institucional implica ser capaz de vertebrar una alternativa al Gobierno, fiscalizar su labor y, cuando así lo exija el interés general, llegar a acuerdos de Estado con la coalición gobernante. Tales son las tres funciones que Casado tiene encomendadas como jefe de la oposición, y los recientes acuerdos firmados con el PSOE para apartar a Vox de todos los cargos de las comisiones parlamentarias constituyen, de hecho, un paso acertado en la asunción de ese papel.
Sin embargo, el líder del PP no siempre ha entendido que alcanzar pactos con el Gobierno no implica adscribirse a sus políticas, sino reconocer, simple y llanamente, su legitimidad, así como la de la mayoría electoral que le ha otorgado su apoyo. Lamentablemente, Casado no suele apostar por una actitud constructiva, como demuestra su deseo declarado de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, haciéndolo extensivo a la totalidad de los órganos del Estado, que precisan de un acuerdo urgente e integrador de los dos partidos mayoritarios de la Cámara. El problema no es tanto la negativa a participar en la necesaria renovación institucional, sino emplear la prerrogativa constitucional de la oposición para hacer exactamente lo contrario, esto es, bloquearlos.
El indebido uso electoralista de cuestiones tan sensibles y estratégicas como el terrorismo o la crisis en Cataluña alejan al PP de ese papel de oposición de Estado. Casado no parece entender que la crítica hiperbólica acaba vaciándose de contenido y perdiendo su función de visibilizar una alternativa de gobierno. Corresponde a la oposición fiscalizar al Ejecutivo, señalar en qué actuaría de otra manera y por qué, y llegar a compromisos en aquellos asuntos de los que depende la salud de nuestra democracia, tareas que no pueden ejercerse desde la perenne construcción de un imposible paisaje apocalíptico.
El Ejecutivo, a su vez, no debería pretender que nada ocurre cuando el PP se aleja tan insistentemente de su papel institucional. Entender que cuanto más erosionada esté la interlocución entre Gobierno y oposición mejor le irá, además de electoralmente cortoplacista, es dañino para la democracia, pues una cosa es desear, legítimamente, que la oposición lo siga siendo, y otra muy distinta es alentar en ella postulados irracionales que acaben por pervertir todo nuestro entramado constitucional. La dialéctica entre Gobierno y oposición condiciona y determina el clima político del país, y las permanentes descalificaciones y acusaciones hechas en sede parlamentaria emponzoñan el debate público y mediático. Velar por una atmósfera y una conversación pública saludables e impulsar el respeto a las instituciones debería de ser un objetivo compartido, y la actitud del Gobierno debería ser lo suficientemente colaborativa como para evitar que el PP caiga en el juego de imitar a la extrema derecha, impidiendo así un daño irreparable a ese sistema constitucional que todos afirman defender.