miércoles, 31 de julio de 2019

Presidencia paraliza 17 procesos selectivos que afectan a 15.487 opositores

 

El Gobierno de Canarias deja en el aire "por prudencia" el plazo máximo para resolver las oposiciones que se encuentran en curso y que suman 616 plazas


Presidencia paraliza 17 procesos selectivos que afectan a 15.487 opositores
La Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha decidido suspender el plazo máximo para resolver los 17 procesos de selección que tienen en curso. Esta medida afecta a las 15.487 personas inscritas en las oposiciones paralizadas, quienes tardarán más de lo previsto en conocer si se podrán hacer con una de las 616 plazas en juego para empezar a trabajar en la Administración Pública autonómica.
Según publicaba ayer el Boletín Oficial de Canarias, esta decisión se toma porque la Dirección General de la Función Pública ha recibido sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el sistema de concurso-oposición utilizado en los procesos selectivos, cuando la ley dicta que sea solo por oposición. En este sentido, los servicios jurídicos de la Consejería están llevando a cabo actuaciones procesales, dada "la cantidad de intereses implicados".
Tanto los procesos de acceso libre como los de promoción interna horizontal y vertical que se ven afectados por este obstáculo pertenecen a los grupos A y C. Cada una de las oposiciones perjudicadas está en un punto diferente de su desarrollo, por lo que hay algunos procesos que están a la espera de la fecha de examen y en otros ya se han realizado las pruebas.
La decisión de suspender el plazo máximo para resolver los procesos selectivos la tomó el director general de la Función Pública en funciones, Francisco Javier Rodríguez, el 19 de julio, justo un día después de que los consejeros del nuevo Gobierno de Canarias tomaran posesión de sus cargos. "A nosotros esta paralización no nos gusta", expone el actual viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quien se incorporó a su despacho el pasado lunes. "El director general puso en marcha esta medida por prudencia administrativa", sostiene Rodríguez, "para garantizar los derechos de las personas interesadas".
El equipo que se incorpora ahora a la Consejería de Presidencia ya ha solicitado a los servicios jurídicos y a la dirección general un informe detallado sobre este asunto, porque consideran "prioritario" culminar estos procesos selectivos. "Los recursos humanos son el activo más valioso de la Comunidad Autónoma", defiende Rodríguez, por lo que esta es una tarea que van "a solventar cuanto antes".
Según explica el viceconsejero del área, suspender los plazos máximos para la resolución de un procedimiento es una medida que está en la legislación de los procedimientos administrativos, pero "no anticipa, de ninguna manera, una decisión sobre el fondo del asunto".
"El proceso de análisis no puede dilatarse por el respeto a los aspirantes a la Administración, personal que necesitamos mucho tras varios años en los que fue imposible realizar ofertas de empleo público", apunta el viceconsejero, quien subraya que anhelan unos servicios públicos de calidad y no se pueden permitir que "haya gente a la espera de entrar a trabajar, pero que por cuestiones burocráticas no puedan iniciar su labor en la Administración".
"Esto es una chapuza sobre otra chapuza", asegura el secretario general de Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manolo González. "Sacaron todas ofertas públicas muy seguidas y ahora se ven sobrepasados", señala el líder sindical.
González explica que hay una sentencia del TSJC que afirma que las bases generales de las ofertas públicas de empleo de 2015, 2016 y 2017 son nulas de pleno derecho, porque se acordaron por un procedimiento de concurso-oposición y no de oposición, como recoge la normativa de Función Pública del Gobierno regional. "Esto se puede arreglar modificando la ley, pero a día de hoy no se hecho y depende de la voluntad del nuevo director general de la Función Pública", manifiesta.
El Sepca reclama al consejero de Presidencia, Julio Pérez, que aporte una solución a este problema lo antes posible, porque "hay muchos aspirantes pendientes de ocupar su puesto y porque la carga de trabajo sigue siendo la misma para los funcionarios en activo".

El alza salarial a los funcionarios eleva la recaudación pero agrava el déficit público

El alza salarial a los funcionarios eleva la recaudación pero agrava el déficit público


El agujero fiscal del Estado crece un 27% al subir un 3,8% el gasto y un 1,8% los ingresos

El alza salarial a los funcionarios eleva la recaudación pero agrava el déficit público   

El aumento de salario de los empleados públicos ha sido el factor que más ha marcado la evolución de las cuentas públicas españolas en el primer semestre del año, según los datos oficiales publicados este martes. Así, aunque de un lado el incremento de las retribuciones públicas ha elevado la recaudación tributaria, el alza del gasto que supone ha terminado por agravar el déficit a cierre de junio.
Del lado de los ingresos, el fisco ha recaudado un total de 87.456 millones de euros en el primer semestre lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mismo periodo del año 2019, según informó este martes la Agencia Tributaria. De hecho, una comparativa homogénea de ambos semestres, que no tuviera en cuenta cambios normativos o devoluciones extraordinarias, como las realizadas al quedar exentas de IRPF las prestaciones de paternidad y maternidad, arrojaría en realidad un incremento del 3,9%.
Pero incluso con la importante factura de estos abonos y cambios regulatorios, el saldo se mantiene positivo gracias en buena medida al alza salarial de los funcionarios, como reconoce en su informe la Agencia Tributaria. El documento detalla que la mejora es achacable en su mayoría al aumento de las retenciones del trabajo, “sobre todo, aunque no solo, en el sector público al compararse con meses sin subidas de salarios públicos y pensiones”, medidas que “por sí solas explican 2,3 puntos del aumento de los ingresos homogéneos”.
“Los ingresos por retenciones del trabajo en las administraciones públicas crecieron en la primera mitad del año un 8%”, detalla el informe, recordando que la comparativa anual se hace con junio de 2018, cuando aún no habían tenido lugar las subidas salariales y de pensiones pactadas para los Presupuestos de aquel año, que entraron en vigor ese julio, así como el alza en las retribuciones públicas que opera desde enero.

martes, 30 de julio de 2019


La recaudación por el IGIC experimenta la mayor caída de los últimos diez años


El montante recaudado hasta junio es un 7,5% inferior al del mismo período del año pasado l La Autoridad Fiscal calcula que los ingresos se reducirán en 2019 un 5%








La recaudación de la Administración autonómica por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) experimentó en la primera mitad de 2019 la mayor caída en diez años. La cuantía que la Hacienda regional percibió en el primer semestre por el principal tributo del llamado Bloque de Financiación Canario, que incluye también el Impuesto de Matriculación y el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías (el polémico AIEM), supone cerca de 67 millones de euros menos que en el mismo período del año pasado. Exactamente 66,8 millones menos, una reducción de un 7,5%, según los primeros datos oficiales publicados. Todo parece que 2019 será así el ejercicio que rompa la tendencia tras ocho años consecutivos de importantes subidas. De hecho, en cada uno de los cinco ejercicios del último lustro (2014-2018) se ha batido un nuevo récord de recaudación por el IGIC, hasta llegar en 2018 a superar los 1.700 millones de euros.

Este extraordinario crecimiento se interrumpe ahora (eso sí, cabe insistir en que la recaudación viene de cifras históricas) después de que el PP forzara a Coalición Canaria (CC) a rebajar medio punto el tipo general del IGIC (del 7 al 6,5% actual) a cambio de su apoyo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año. El voto a favor de los diputados populares, y también el de los tres representantes de la Agrupación Socialista Gomera, hizo posible que los nacionalistas sacaran adelante las cuentas públicas en el Parlamento regional. La rebaja de medio punto en el tipo general, que es el que se aplica al precio de la mayoría de los productos y servicios gravados con el IGIC, es la que está detrás, al menos en parte, de esa caída del 7,5% en la recaudación. El comportamiento del consumo de las familias y empresas también influye, hasta el punto de que una rebaja impositiva puede suponer más ingresos públicos si anima las compras de los hogares y las inversiones de las empresas, pero este no es el caso. El anterior Gobierno, que presidió Fernando Clavijo, ya daba por descontado que se produciría una merma en la recaudación por las rebajas fiscales aprobadas en 2018 y 2019, fundamentalmente en el IGIC pero también en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La previsión era que estas medidas de alivio fiscal costaran a las arcas públicas unos 120 millones.





La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que la bajada de impuestos es uno de los tres ingredientes que se combinarán para que los ingresos del Archipiélago se reduzcan este año un 5%. Los otros dos, los de mayor importancia, son las menores transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma y la aminoración de los dineros provenientes de los fondos europeos. La AIReF explica que recursos que el Gobierno central envió el año pasado a las Islas para financiar inversiones no podrán cobrarse en el actual ejercicio al no haberse aprobado los presupuestos de la nación para 2019. Como tampoco volverán a recibirse, lógicamente, los 500 millones de euros de la deuda que el Estado mantenía con la región por los reiterados incumplimientos del convenio de carreteras. Hay que puntualizar, no obstante, que una parte importante de esas transferencias en realidad no sirvió para mejorar los servicios públicos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió alrededor de 145 millones al filo del 31 de diciembre, con lo que no dio tiempo a gastarlos, según argumentó el anterior Gobierno regional, de modo que pasaron a computar como superávit. Y en el superávit acabaron también esos 500 millones que el Ministerio de Fomento tuvo que abonar por mandato del Tribunal Supremo, que había dado la razón a Canarias en su litigio con el Estado por los hachazos del PP en el convenio de carreteras. La Consejería de Hacienda, aún con Rosa Dávila al frente, vio cómo el Ministerio homónimo tomaba la decisión unilateral de pagar de golpe esa cantidad, con lo que quedaba de facto inutilizada. ¿Por qué? Porque la regla de gasto impide destinar el superávit para todo aquello que no sea pagar deuda pública. Y esto es así para todas las autonomías, por más que Canarias sea una de las comunidades menos endeudadas del país.

El Gabinete de Clavijo decidió así saltarse la regla de gasto tras reclamar pública e insistentemente a Sánchez y a la ministra María Jesús Montero, sin obtener respuesta, una excepción en favor de las Islas. Esta decisión permitió aprobar medidas como la reducción de las horas lectivas del profesorado de la Educación Secundaria. En definitiva, más gasto público con menos ingresos, de ahí que el mismo Clavijo o la misma Dávila admitieran públicamente que incumplir la regla de gasto era algo que se había tenido en cuenta. Algo que ahora ha corroborado la AIReF, que en su último informe sobre las finanzas de Canarias apunta que la Comunidad Autónoma está en "riesgo alto" de incumplimiento. Cosa distinta es el superávit, porque a pesar de que se vulnere la regla de gasto, el organismo que preside José Luis Escrivá cree que el Archipiélago cerrará una vez más el ejercicio tras haber entrado en la caja pública más dinero del desembolsado. Al menos con los datos a fecha del informe.

El margen de maniobra de Torres y del nuevo responsable de la Hacienda autonómica, Román Rodríguez, depende sobremanera de que se materialicen una o varias de las siguientes posibilidades: que Hacienda acceda a flexibilizar la regla de gasto para permitir el uso del superávit, algo que en el mejor de los casos no parece próximo; que se conforme cuanto antes el nuevo Gobierno central para que se acelere la negociación de nuevas partidas y/o el cobro de las impagadas; que se dé marcha atrás en las medidas sociales aprobadas por el Gabinete de Clavijo cuando decidió saltarse la regla de gasto, lo que no parece estar en mente del nuevo Gobierno; y/o que en los presupuestos regionales para 2020 se incluya una subida fiscal más fuerte de la prevista inicialmente.

sábado, 20 de julio de 2019

Alerta social

Alerta social

La precariedad laboral crónica justifica considerar un modelo de Renta Básica

Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones EFE
La precariedad laboral afecta principalmente a los jóvenes, como acaba de poner de manifiesto una vez más un estudio del Banco de España. Los jóvenes españoles ganan hoy lo mismo que a finales de los años noventa y son la primera generación que tiene unos ingresos laborales inferiores a los de la generación precedente. No es exagerado calificar su situación de dramática, ni tampoco reclamar soluciones rápidas para un problema que amenaza con enquistarse como un factor de desestabilización social y política. El Observatorio de Emancipación acaba de difundir un informe en el que radiografía las penalidades de los más jóvenes en España: solo el 19% de los menores de 30 años ha conseguido emanciparse, por la poderosa razón de que necesitarían como media el 90% de su salario para alquilar un piso.



Los jóvenes no son los únicos que sufren los estragos de la precariedad. En parecida situación se encuentran los parados de larga duración, entre los que suelen abundar los mayores de 45 años. El mercado laboral aparece estrangulado, con distintos grados de intensidad, por los dos extremos de la pirámide poblacional. Las expectativas a corto plazo son incluso más preocupantes. A diferencia de otras depresiones o recesiones, la precariedad se está convirtiendo en el modo de operar habitual entre los ofertantes de empleo. Este fenómeno, socialmente muy grave, se manifiesta en que la contratación de mala calidad, temporal y a tiempo parcial, sigue aumentando a pesar de que la economía española ha vuelto a la senda del crecimiento y en la resistencia explícita de los grupos empresariales y lobbies afines a modificar la reforma laboral de Rajoy.













Corregir esta situación requerirá tiempo, un Gobierno estable a pleno rendimiento y la aplicación de cambios normativos de calado. Pero la persistencia de la precariedad en condiciones económicas favorables, justifica la conveniencia de proponer para la próxima legislatura un debate en profundidad sobre la aplicación de un modelo de renta básica en España. Por muchas razones. La protección social hoy es insuficiente, como puede apreciarse por los porcentajes decrecientes de cobertura pública del desempleo; con frecuencia es también ineficiente, porque su eficacia nominal se dispersa por los meandros de las competencias administrativas y el piélago de modalidades vigentes. Para colmo, el mantenimiento de ayudas públicas suele depender de la simpatía ideológica, mayor o menor, del Gobierno en ejercicio.
Una renta básica, que no tiene por qué ser universal y podría aplicarse con las condiciones o perímetros que se consideren convenientes, permitiría zanjar la desatención social a una parte importante de la población, que todavía sufre las consecuencias de una crisis y de una recuperación parcial de salarios y rentas. Simplificaría además la maraña administrativa de ayudas sociales —subsumiría o sustituiría a algunas— y contribuiría a sostener el consumo y la base del crecimiento económico. Los criterios básicos para abordar ese debate son que el modelo de Renta sea pactado y que sea financiable. El modelo propuesto por la AIREF podría ser una base aceptable para el debate. Es una iniciativa política que la situación real de jóvenes y de parados mayores de 45 años está más que justificada

miércoles, 17 de julio de 2019

Román Rodríguez | Vicepresidencia y Consejería de Hacienda

Román Rodríguez | Vicepresidencia y Consejería de Hacienda

El líder de NC llega al Ejecutivo 16 años después

 
Román Rodríguez.
Uno de los consejeros con mayor trayectoria política. Román Rodríguez Rodríguez nació en La Aldea de San Nicolás en el seno de una familia trabajadora. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. En aquellos años universitarios Rodríguez entró en contacto con las organizaciones sindicales de las Islas y en 1980 ingresó en el Sindicato Obrero Canario. Durante diez años fue médico asistencial, combinando su vida profesional con su interés político. Es uno de los fundadores de Unión Nacionalista de Izquierdas y la cara más visible de Nueva Canarias.
En 1993 fue director general de Asistencia Sanitaria y en 1995, con la creación del Servicio Canario de Salud, pasa a ser director general de este organismo hasta el año 1999. Fue miembro del Consejo Canario de Hemodonación y Hemoterapia y de la Escuela de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.
Rodríguez alcanzó la Presidencia del Gobierno de Canarias en la V Legislatura entre 1999 y 2003. Fue diputado por Las Palmas en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008, años en los que también fue presidente de la comisión de Administraciones Públicas de esa misma Cámara.
Desde 2005 preside Nueva Canarias, con el que se convirtió en vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transporte desde 2007 hasta 2011. En ese año logró el acta de diputado en el Parlamento de Canarias hasta la actualidad.

Hacienda cerca a Neymar: pide el embargo de su millonaria prima de renovación del Barça


Hacienda cerca a Neymar: pide el embargo de su millonaria prima de renovación del Barça




Comunica al Juzgado de lo Social 15 de Barcelona que el futbolista tiene una deuda fiscal pendiente de 35 millones y que se la cobrará con la cantidad que el club azulgrana adeuda al brasileño.





La Agencia Tributaria embarga la millonaria prima de renovación de 40 millones de euros que Neymar Jr. firmó con el FC Barcelona antes de fichar por el Paris Saint Germain francés. Hacienda ha comunicado al Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona que el dinero pactado entre ambas partes al renovar su último contrato y del que quedan por abonar todavía 26 millones de euros quedará automáticamente confiscado. La razón, las abultadas deudas tributarias que mantiene el futbolista con el Fisco español.

Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a Hacienda, el juzgado que debe decidir si a Neymar le corresponde cobrar la segunda parte de la prima de renovación ha sido ya informado por escrito de que dichos fondos serán confiscados.

El Juzgado de lo Social número 15 tiene previsto celebrar próximamente un juicio en el que el club presidido por Josep Maria Bartomeu y Neymar Jr. se enfrentarán por el abono de la segunda parte de la prima.

Posturas enfrentadas


El brasileño sostiene que cuando rubricó su renovación con el FC Barcelona hasta 2021 acordó el cobro de la referida prima de renovación y que, por lo tanto, le corresponde el dinero con un 10% de intereses.

Por su parte, el club azulgrana esgrime que su marcha al PSG en 2017 supuso una ruptura del acuerdo alcanzado y, en consecuencia, se ha negado a abonar a Neymar los 26 millones restantes. Es más, el Barça le reclama en este procedimiento la totalidad de la prima más una indemnización por daños y perjuicios que eleva la cifra a 75 millones.

El juicio, previsto para el pasado enero, se aplazó a marzo y se ha vuelto a posponer, ya que el PSG fue requerido por el juzgado para que aportara el contrato que firmó con el jugador y envió una copia con todas las cantidades tachadas.

Contratos simulados


La deuda contraída por Neymar Jr. con el Fisco español se eleva, tal y como también ha informado Hacienda al juzgado y ha desvelado Mundo Deportivo, a unos 35 millones de euros. Estas cifras derivan de su fichaje por el FC Barcelona, que fue articulado mediante contratos simulados para aparentar que el club pagaba una cifra muy inferior a la real, así como por la tributación en los ejercicios posteriores de sus emolumentos como jugador azulgrana.

Y es que, tal y como avanzó este periódico, no es la primera vez que Hacienda irrumpe en este procedimiento judicial. Ya lo hizo el pasado marzo, cuando solicitó el expediente completo "para ser conocedora de los datos con trascendencia tributaria que pudiera haber en el mismo".

Hacienda ha advertido que, en el caso de que la Justicia dé la razón al futbolista y el Barça tenga que hacer frente a los cerca de 30 millones con intereses, el dinero pasará automáticamente a las arcas del Estado español.

El posible regreso


La decisión de Hacienda complica todavía más el regreso de Neymar al FC Barcelona que ambas partes negocian en estos momentos. Tal y como reveló EL MUNDO el pasado enero, el brasileño lleva un año pidiendo a la directiva azulgrana su vuelta. En las conversaciones entre el padre del futbolista y los dirigentes del Camp Nou, éstos le exigieron como condición sine qua non para continuar hablando que Neymar retirara la demanda por la prima de renovación. Un extremo que el padre del delantero dejó claro que no iban a aceptar. "Ese tema va por otro lado", fueron las palabras textuales que dirigió a los mandatarios azulgranas.

La decisión de Hacienda no sólo afectaría al cobro de la segunda parte de la prima de renovación del jugador sino también podría afectar al salario que percibiera del Barça si finalmente regresa a España. Y es que si la Justicia no da la razón a Neymar, el Fisco intervendría cualquier emolumento del futbolista en España hasta liquidar su deuda.



El Tribunal Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude fiscal


El Tribunal Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude fiscal



Hervé Falciani.

Hervé Falciani. JMCadenasEXPANSIÓN



El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal.

El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo que deniega el recurso de amparo solicitado por el ingeniero Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, a partir de datos contenidos en la lista Falciani.

Delgado aparecía en la lista que el exempleado de la filial de HSBC Hervè Falciani sustrajo de la entidad, en la que trabajó de 2001 a 2008, para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales.

Esa obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías, según la decisión del Constitucional, que respalda el fallo del Supremo cuando en febrero de 2017 admitió la lista como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

Al respecto, el Supremo basó entonces la validez de la prueba, precisamente, en el hecho de que el acceso a la lista fuera a través de un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener lucro.

Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

El nombre y cuentas del condenado figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por Falciani que llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones extraditar a Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir cinco años de cárcel por filtrar estos datos bancarios.

Primero, en 2012 cuando fue arrestado en España, al considerar el tribunal que no existía el requisito de la doble incriminación que requiere una extradición porque el delito de espionaje financiero agravado no tiene encaje en el Código Penal español.

Después, en septiembre de 2018 cuando Suiza volvió a reclamarle la Justicia española negó su entrega al entender que los hechos por los que se volvió a pedir eran los mismos por los que ya se le denegó en 2012

Paulino Rivero culpa a Clavijo, Oramas y Alonso del "desastre" de CC




Paulino Rivero culpa a Clavijo, Oramas y Alonso del "desastre" de CC

El expresidente se queja de la falta de políticas desde el ejecutivo regional en los últimos cuatro años

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero



El expresidente del Gobierno canario y de CC, Paulino Rivero, ha responsabilizado al presidente saliente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, a la diputada nacional Ana Oramas y al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, del "desastre" que ha sufrido su partido, desalojado del poder en las islas.
Coalición Canaria ha perdido la mayor parte de su poder institucional tras las elecciones del 26 de mayo, a la espera de que se voten las mociones de censura ya planteadas contra sus presidentes en los cabildos de Tenerife y La Palma. A esos tres dirigentes es a quien "tienen que pedirle responsabilidades los votantes y militantes, si es que queda alguien para pedir responsabilidades", afirma Rivero en una entrevista en Diario de Avisos.
Paulino Rivero lamenta que "ni siquiera han tenido en cuenta a la cantidad de gente que se queda fuera, sin cargos", pues junto a sus familias "van a sufrir mucho". El expresidente se muestra asombrado por "este desastre", que le parece "incomprensible" y del que exonera a los demás partidos, y advierte de que Coalición Canaria puede desaparecer: "En cuatro años la gente es muy capaz de olvidarse de un partido que no gobierna".
Cuando analiza lo sucedido en CC, Rivero menciona "el mal manejo de los tiempos" y la "nula generosidad" de Fernando Clavijo en las negociaciones, por no haberse apartado de la carrera hacia la presidencia pese a estar vetado por Ciudadanos debido a su imputación judicial. A Clavijo "lo que le interesaba era su futuro, no el del partido", considera, e insiste en que CC "perdió su centro estratégico, negociando tarde y mal".
Otro fallo de Coalición Canaria fue "subsidiar" solamente a los medios de comunicación afines, de manera que a los que no apoyó económicamente "no se lo perdonaron", sostiene Rivero. "Otra que se equivocó", de acuerdo con Paulino Rivero, fue la diputada nacional Ana Oramas, quien "ha sido muy torpe", porque "no quiso darle, de entrada, los dos votos de Coalición" a Pedro Sánchez, lo que llevó a que "no se pudieron negociar las instituciones canarias, tampoco desde Madrid".
Aunque los nacionalistas tenían varias posibilidades de seguir en el poder, Rivero señala que CC humilló al PSOE en 2016, al expulsarlo del Gobierno de Canarias y los socialistas "se las han cobrado", y ahora él no ve a nadie capaz de liderar una renovación.
El expresidente se queja de la falta de políticas desde el ejecutivo regional en los últimos cuatro años, en contraposición con los ocho anteriores en los que él estuvo al mando, y sostiene que "el número de votos demuestra que hay una base, pero lo que no existen son dirigentes leales que hagan posible la ejecución de los programas".
Expone sus vaticinios sobre los tres dirigentes de CC a los que responsabiliza del desastre: Clavijo se enfrentará a sus "cuestiones judiciales" y no se quedará "tan calentito" en el Parlamento; Carlos Alonso "se irá a Bruselas" y no permanecerá en la oposición en el Cabildo de Tenerife; y Ana Oramas "estará en Madrid hasta que se convoquen las elecciones generales", pues luego "es posible que ni siquiera salga elegida diputada".
En la entrevista declara que no se alegra de las perspectivas de estos dirigentes y asegura que no es rencoroso, pero apunta que "mucha gente" incluido él mismo "se ha dejado la piel en este proyecto para que lo hayan tirado por la borda".
Esos tres dirigentes, junto al expresidente del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y "algunos grandes empresarios de las islas" fueron quienes le defenestraron, denuncia Rivero en referencia al proceso de candidaturas para el Gobierno canario en 2015, en el que salió derrotado contra Fernando Clavijo. Sobre el secretario general del partido, José Miguel Barrangán, que entonces lo apoyó pero que tras su derrota continuó con Fernando Clavijo, señala que "es un mandado" y "hace lo que le dicen".


Torres imprime un perfil más político a los nuevos consejeros socialistas


Torres imprime un perfil más político a los nuevos consejeros socialistas


Julio Pérez, Sebastián Franquis y Carolina Darias formarán parte del núcleo más cercano al presidente. La catedrática de la ULL María José Guerra asume Educación








Ángel Víctor Torres aspira a ser "el alcalde de las ocho islas"



El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, tiene cerrados los nombres de los consejeros que formarán parte de su Ejecutivo, en el que se combinará la experiencia con la juventud y habrán perfiles más políticos que técnicos en las áreas que dirigen los socialistas. Es el caso de Sebastián Franquis, que estará al frente de Obras Públicas, Transportes y Vivienda; Carolina Darias, en Economía, Conocimiento y Empleo; Julio Pérez en Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y Alicia Vanoostende en Agricultura, Ganadería y Pesca. Completan la nómina del PSOE la catedrática de Filosofía de la Universidad de La Laguna, María José Guerra Palmero, al frente de Educación, Cultura y Deportes, y José Antonio Valbuena en Transición Ecológica. Para Sanidad la candidata prácticamente confirmada es Teresa Cruz. Torres da a conocer hoy a su Gobierno y los consejeros tomarán posesión mañana.

Tras oirse durante un tiempo los nombres de tres exconsejeros -Aarón Afonso, Ornella Chacón y Jesús Morera- finalmente Torres se apoyará en dirigentes veteranos y con experiencia profesional y política. El abogado e histórico dirigente tinerfeño Julio Pérez ha ocupado varias responsabilidades públicas en su larga trayectoria como gobernador civil, secretario de Estado de Justicia, diputado regional, consejero del Gobierno regional bajo la Presidencia de Jerónimo Saavedra y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otros cargos. Es un profundo conocedor de la estructura administrativa y de la Justicia de las Islas.





Sebastián Franquis también forma parte del núcleo duro socialista más cercano al nuevo presidente del Gobierno y llevará un área estratégica al tratarse de del principal departamento inversor del Ejecutivo y tendrá línea directa con Madrid por el convenio de carreteras. Cuenta con una larga trayectoria orgánica en el PSOE y fue uno de los principales respaldos de Torres en su camino hacia la candidatura a la Presidencia.

Carolina Darias tendrá en su manos la macroconsejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Darias dejó recientemente la Presidencia del Parlamento pero ha ocupado varios puestos públicos de relevancia, entre ellos el de delegada del Gobierno. Optó en 2014 a ser candidata a la Presidencia del Gobierno y ha pasado por el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo grancanario. En los ámbitos internos del partido se le ha colocado habitualmente en la línea crítica con Torres y Franquis pero ahora entra en el Ejecutivo, en el que sonaba desde el primer momento para ocupar una alta responsabilidad.

Agricultura la llevará la dirigente palmera Alicia Vanoostende, persona de confianza del líder de los socialistas de La Palma Anselmo Pestana. En el mandato anterior llevó el área de Turismo en el Cabildo de la isla bonita pero su profesión es ingeniera agrónoma y ha ocupado varios puestos en el sector agrícola de la isla.

Con un perfil más independiente entra en el nuevo Gobierno la catedrática de Filosofía de la Universidad de La Laguna María José Guerra Palmero, que es también escritora y teórica del movimiento feminista. Guerra asume Educación, Cultura y Deportes y todo apunta a que tendrá como viceconsejera a la lanzaroteña Manuela Armas.

Tras varios candidatos en los últimas semanas ayer se confirmó que el senador por Tenerife José Antonio Valbuena asumirá la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Valbuena fue en el mandato anterior consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. La otra aspirante, Nayra Alemán, será finalmente la portavoz del grupo Socialista en el Parlamento en sustitución de Franquis.

Uno de los últimos nombres en confirmarse ha sido el de Teresa Cruz al frente de Sanidad. Cruz siempre ha estado en las quinielas, primero para presidir el Parlamento y después para asumir alguna consejería como Políticas Sociales, Educación o Sanidad.

Por parte de los otros tres partidos del pacto, a la veteranía y el bagaje de Román Rodríguez (NC) en la Vicepresidencia y Hacienda y Planificación se suma dos mujeres jóvenes que asumen por primera vez altas responsabilidades ejecutivas como es el caso de Noemí Santana (Podemos) y Yaiza Castilla (ASG) al frente de áreas clave como son Derechos Sociales e Igualdad, la primera, y Turismo e Industria, la segunda. Los tres fueron los primeros en ser confirmados por sus partidos.

EEUU ordena a su embajada que amenace con "represalias" si el Gobierno español insiste en la tasa Google


EEUU ordena a su embajada que amenace con "represalias" si el Gobierno español insiste en la tasa Google




El Departamento de Estado envía un argumentario a sus legaciones en países que barajan el nuevo impuesto digital para que adviertan de que "la Administración Trump no tolerará ninguna discriminación a grupos estadounidenses"

El presidente Donald J. Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo , ayer en la Casa Blanca. Oliver Contreras / POOL EFE

El Departamento de Estado de EEUU ha remitido un argumentario a sus embajadas en países que barajan crear la tasa Google, entre ellos España, en la que les ordena que avisen de «represalias» a los Gobiernos que den el paso de forma unilateral. «La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en EEUU», afirma en el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El Departamento que dirige Mike Pompeo recuerda a sus embajadores que el compromiso internacional es negociar un nuevo régimen fiscal dentro de la OCDE y que ningún Estado miembro debe actuar por su cuenta. «Si un país se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un Impuesto sobre los Servicios Digitales, EEUU tomará seriamente en cuenta acciones de represalia», amenaza. No detalla las acciones de respuesta, pero en el caso de Francia -pionero en la tasa Google- Washington ha activado ya un procedimiento de investigación que puede desembocar en la subida de aranceles a productos franceses y otras medidas.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiso adelantarse al de Francia, pero renunció tras ser tumbados sus Presupuestos. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, lo volvió ayer a poner sobre la mesa.

El arsenal de respuesta de Washington sería amplio, según el argumentario: «EEUU analizará todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente». Lo hará «a la luz de nuestros acuerdos y tratados internacionales, incluida la Organización Mundial de Comercio, y nuestro comercio interior y normativa fiscal». Critica que «hay algunos gobiernos, especialmente en Europa» que «lo están politizando» y buscan impuestos «diseñados intencionadamente para compañías de EEUU dejando fuera las locales y nacionales». Asegura además que el efecto sería negativo para los consumidores, «porque los impuestos serían finalmente repercutidos a los usuarios de servicios digitales».

No obstante, admite que «todas las empresas, con independencia de su nacionalidad o sector económico, deben pagar su parte justa de impuestos» y que los cambios en la economía digital requieren adaptación de los sistemas fiscales. Pero añade que ésta debe llegar con acuerdo internacional, por eso se congratula de que Australia haya dado ya marcha atrás y se haya comprometido a esperar a un acuerdo en la OCDE.

El actual Gobierno de Sánchez parecía tras la reunión del G20 que seguía los pasos de Australia y en su programa para negociar con Podemos no contemplaba la tasa Google ya en España de forma unilateral, pero Calviño reabrió ayer la puerta en DigitalES Summit 2019, el encuentro anual organizado por la patronal tecnológica del mismo nombre. «Como el proceso es global, lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global; en su defecto, a nivel europeo. Si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos, tendremos que actuar a nivel nacional», avisó Calviño. «El Gobierno no descarta actuar y abordar esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando un acuerdo en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Tenemos una participación muy activa en todas las reuniones de la OCDE y del G-20 en este terreno», expuso la ministra. Ve fundamental «abordar un sistema fiscal que refleje dónde se produce el valor añadido». A su juicio, «antes se producía en los bienes, pero ahora el valor añadido se deriva de los datos, de los ciudadanos», argumentó. «Por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal».

El llamado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) cargaría las actividades digitales de las grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon, aunque no sólo ellas. Fue contemplado para este año por el Gobierno para gravar «servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos». Hacienda previó recaudar 1.200 millones, cifra inverosímil, según la Comisión Europea. La futura presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pidió ayer que la UE espere para este impuesto hasta 2021, si no hay acuerdo a finales de 2020 en la OCDE.






Buen programa




Buen programa

Von der Leyen logra un plácet muy ajustado en Estrasburgo, pero con un plan prometedor




Ursula von der Leyen, este martes durante el debate en el Parlamento en Estrasburgo. Ursula von der Leyen, este martes durante el debate en el Parlamento en Estrasburgo. Jean-Francois Badias AP

La candidata propuesta por los jefes de gobierno europeos para presidir la Comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, obtuvo este martes el plácet del Parlamento Europeo de Estrasburgo que le permitirá cubrir un mandato de cinco años, aunque con un apoyo muy inferior al que logró su antecesor, Jean-Claude Juncker, apenas una decena de votos más que la mayoría absoluta imprescindible. Todo un aviso. Von der Leyen tuvo que esforzarse para obtener el aprobado en una votación enormemente disputada, debilidad inicial que augura la necesidad de un pacto permanente entre ambas instituciones. Lo logró con un discurso que constituyó un verdadero programa de gobierno de amplia coalición, pactado en sus menores detalles con los grandes grupos, conservador, socialdemócrata y liberal. Así que más importante que haber evitado el vacío de poder, una eventual crisis institucional o la paralización temporal de la Unión —escenarios que para nada estaban excluidos de antemano— fue la forma, trabada y trabajada, en que eso se sustanció.


Supuso, en efecto, una notable corrección de alguno de los defectos de su nominación: el ninguneo del Consejo Europeo a los candidatos avalados por la cámara (los spitzenkandidaten) y el apoyo inicial de sectores ultra y populistas, satisfechos por el descarte del militante de las libertades Frans Timmermans, el primer candidato que alcanzó un consenso de los Gobiernos. Entre bastantes eurodiputados iliberales y reaccionarios despertó recelos el discurso de la candidata, que por el contrario la congració con sus críticos socialdemócratas y liberales.

El de este martes marca un momento clave en la trayectoria de la Unión. El Parlamento, que había sido —frente a su costumbre de ampliar competencias a cada ocasión— desairado por los Gobiernos, recuperó la iniciativa. Von der Leyen se comprometió a convocar una conferencia de relectura de los tratados, a reactivar el sistema de spitzenkandidaten y a reconocer en la práctica un derecho de iniciativa sin límites a la Cámara.

Con ello, la Unión, que desde su inicio tiene a gala constituir una comunidad de derecho, se consagró como una comunidad de equilibrio dinámico institucional, apta para solucionar el llamado déficit democrático y que consiste más bien en una declinante asimetría entre las competencias, crecientes en el nivel supranacional, y la posibilidad más ardua de controlar su ejecución. Asimismo, la Comisión deberá asentar en este mandato una amplia colegialidad creativa, más allá del consenso presidencialista pasivo que ha exhibido en otras ocasiones.

Además, las exigencias ciudadanas y parlamentarias han convertido las abstractas ideas iniciales de Von der Leyen en un prometedor programa. No solo por su perspectiva institucional, también por su atención a inquietudes sociopolíticas que desbordan la tradicional prioridad otorgada a lo económico. Los compromisos de acelerar la transición energética hacia una economía no contaminante; la igualdad en todo y para todos, particularmente de género; la atención a lo social, sobre todo en cuanto a la conversión de la Iniciativa Joven para el Empleo en un programa permanente y en cuanto a la promesa de conseguir un seguro/reaseguro europeo contra el desempleo; o la creación de un mecanismo de control de la conducta democrática en los Estados miembros, perfilan, entre otros, un panorama más bien prometedor.

lunes, 15 de julio de 2019

El mapa de las compañías con mayor valor de mercado en cada país europeo

El mapa de las compañías con mayor valor de mercado en cada país europeo

Inditex destaca en el Ibex 35 con una capitalización bursátil de 87.000 millones de euros, según datos de Forbes de principios de año recopilados por Howmuch.net

El mapa de las empresas más importantes en cada provincia española



Entre las empresas de mayor capitalización bursátil en Europa destacan las del sector de alimentación y bebidas, bancos o petroleras, mientras que las tecnológicas tienen poca relevancia en el Viejo Continente, a excepción de SAP, Nokia y Spotify. Del mapa de las companías con mayor valor de mercado realizado por Howmuch.net con datos de Forbes actualizados a principios de 2019 se extrae que las que tienen sede en Europa occidental tienen mayor capitalización que las de Europa oriental. Así, las tres compañías con mayor valor en Bolsa de Europa son Nestlé, Royal Dutch Shell y Anheuser-Busch InBev. Por su parte, dentro de España destaca Inditex.
1. Suiza: Nestlé (249.000 millones de euros)
2. Países Bajos: Royal Dutch Shell (234.000 millones de euros)
3. Bélgica: AB InBev (155.889 millones de euros)
4. Reino Unido: HSBC (155.712 millones de euros)
5. Francia: L'Oréal (135.749 millones de euros)
6. Alemania: SAP (119.690 millones de euros)
7. Dinamarca: Novo Nordisk (103.187 millones de euros)
8. Irlanda: Accenture (101.057 millones de euros)
9. España: Inditex -dentro del Ibex 35- (86.960 millones de euros). Airbus (100.760 millones de euros en el Mercado Continuo)
10. Noruega: Equinor (68.850 millones de euros)
11. Italia: Enel (55.985 millones de euros)
12. Suecia: Atlas Copco (32.650 millones de euros)
13. Finlandia: Nokia (28.658 millones de euros)
14. Luxemburgo: Spotify (22.000 millones de euros)
15. Austria: OMV (16.147 millones de euros)
16. Portugal: EDP (12.510 millones de euros).
17. República Checa: CEZ Group (11.793 millones de euros)
18. Polonia: Bank Polski (11.445 millones de euros)
19. Mónaco: HAL Investments (11.179 millones de euros)
20. Hungría: OTP Bank (10.647 millones de euros)
21. Turquía: Koç (6.565 millones de euros)
22. Grecia: Alfa Bank (2.300 millones de euros)
Por otro lado, si atendemos a las empresas con mayor capitalización dentro de España y que cotizan dentro del Ibex 35 en base a los datos de Statista a fecha de marzo de 2019 son Inditex (81.656 millones), Banco Santander (67.292 millones), Iberdrola (51.029 millones), Telefónica (38.780 millones), BBVA (33.959 millones), Amadeus (31.331 millones), Naturgy (24.947 millones), Endesa (24.076), Aena (24.075) y Repsol (23.788), entre los diez primeros.
Valores de Ibex 35 por capitalización aen marzo de 2019

Hacienda gana la batalla a los famosos



Hacienda gana la batalla a los famosos

La Agencia Tributaria se centra en cinco irregularidades, entre ellas, los paraísos fiscales, las sociedades pantalla y las firmas patrimoniales






hacienda

Los de la presentadora Nuria Roca o el del futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué, conocidos la pasada semana, son solo los dos últimos casos de un constante goteo de celebridades de toda índole que han tenido problemas con Hacienda. Aunque en algunas épocas, como la del exministro Cristóbal Montoro, los afectados han denunciado que se trataba de una caza de brujas, lo cierto es que el fisco viene persiguiendo básicamente cinco irregularidades concretas en las que este colectivo ha incurrido de forma relativamente habitual, aconsejados o no por sus asesores fiscales, a fin de pagar menos impuestos de los que les correspondería. A partir de ahí, la creciente información con la que cuenta la Agencia Tributaria, el foco de los inspectores sobre esta casuística y algunas novedades legales han hecho que el castigo fiscal a las celebridades se multiplique en los últimos años.





“El hombre tiene tendencia natural desde que nace a temer a la muerte y a los impuestos. Si una persona considera que puede pagar menos, lo prefiere. El problema es que la tributación en España hace que una sociedad tribute menos que una persona física [con rentas altas] lo cual es un absurdo”, expone Carlos Romero, coordinador de la sección de IRPF de la Asociación Española De Asesores Fiscales (Aedaf). A partir de ahí, Romero asume que muchas de las celebridades han estado fiscalmente “mal asesoradas” utilizando herramientas inadecuadas que les han terminado saliendo caras. El ejemplo más claro de irregularidad es el uso de paraísos fiscales, o territorios de baja tributación, para eludir al fisco español. “El primer caso con relevancia mediática y social fue el de la tenista que decía vivir en Andorra”, cuenta en referencia a Arantxa Sánchez Vicario, a quien Hacienda puso contra las cuerdas demostrando, con los gastos de su tarjeta de crédito y sus horarios de entrenamiento en un centro de Barcelona, que en realidad residía, y debía tributar, en España.
















Otras figuras relevantes, como los jugadores de fútbol Leo Messi y Cristiano Ronaldo, han optado luego por modelos más sofisticados en los que sus ingresos se facturaban mediante sociedades radicadas en territorios fiscalmente opacos.

“Otra opción más de moda ahora es la creación de sociedades instrumentales o sociedades pantalla donde se canalizan los derechos de imagen” del deportista, explica el experto de Aedaf, señalando que este tipo de instrumentos “no es ilegal, lo que pasa es que en muchas ocasiones obedece al estricto propósito de pagar menos que el panadero de al lado, buscando la elusión fiscal”. Y ahí surge el problema.

La justicia da la razón a Hacienda en su batalla fiscal contra Nuria Roca


Se abren aquí dos vertientes mayoritarias. “El caso fundamental es el de las denominadas sociedades profesionales. Un artista o un deportista constituye una sociedad que va a facturar todo lo que gane porque el profesional va a tributar al 45% y como sociedad el 25%”, ilustra Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aclarando que “hasta ahí es legal”. La irregularidad llega, aclara, cuando la empresa “está vacía, no tiene personal, no hace más que recibir ingresos pero carece de medios materiales y humanos, entonces es una sociedad interpuesta, se considera una simulación”. Por un caso así se acaba de condenar a Piqué. A menudo, aseveran los expertos fiscales, para cumplir con la norma bastaría con que estas firmas tuvieran como asalariado, además de al principal interesado, a un mero secretario con una dedicación real, como podría ser coordinar la actividad publicitaria de un deportista, por ejemplo. Así, la presentadora María Teresa Campos ganó un pulso fiscal a Hacienda al demostrar que su sociedad no era instrumental porque tenía a sueldo a su hija y producía el programa de un tercero.

Hay un matiz adicional a esta regla que el fisco exige para dar su visto bueno y que supone un tercer caso de irregularidad común entre celebridades: la sociedad debe abonar al titular un sueldo coherente con su papel en la firma y con el mercado. Ejemplo reciente es la condena a Nuria Roca, cuya empresa facturó 789.097 euros en 2006 de los que ella solo se fijó como sueldo 112.500 euros, evitando así pagar IRPF por el resto.

El cuarto abuso más extendido es el del uso de sociedades patrimoniales para la adquisición de primeras o segundas residencias, vehículos o embarcaciones, pues si los bienes son propiedad de la sociedad incluso el dueño de la misma debe autoimponerse el pago de un alquiler a precio de mercado cuando lo disfrute. No autoimponerse este pago le costó un escándalo al ministro de Ciencia, Pedro Duque, al arrancar su mandato, recuerdan en el REAF.

“Por último, un caso frecuente es el de la confusión entre patrimonio societario y personal, de manera que se imputen gastos personales a una empresa que luego se van a deducir de Sociedades”, agrega Carlos Cruzado, presidente de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha. Así lo hizo, por ejemplo, la presentadora Patricia Conde, a la que Hacienda multó por deducirse del IVA de su firma la reforma de su casa, la compra de su coche o ropa interior.

En los últimos años se vienen realizando unas 2.500 actuaciones inspectoras al año dentro del “programa socio-sociedad”, en el cuál se enmarcan en buena medida este tipo de irregularidades. Su persecución, coinciden los expertos consultados, ha crecido porque las prácticas detectadas son siempre muy similares y el fisco optó por intensificar su vigilancia en este campo cuando percibió que se generalizaban. Hay por tanto una estrategia, pero en Gestha descartan que a los famosos se les esté cazando gracias a un cambio normativo o de criterio. Este tipo de prácticas siempre han sido fraudulentas.

Con el tiempo, eso sí, se han ido dando novedades legislativas que restan armas a la elusión fiscal. Algunas datan de 1996, cuando se detectó que muchos deportistas pasaban a recibir más remuneración en forma de derechos de imagen que como sueldo sujeto a IRPF, lo que llevó al legislador a limitar que la primera pesara más de un 15% sobre la retribución total que les ofrecían los clubs. Diez años después, a su vez, se regularon a fondo las operaciones vinculadas, las que hace el propietario de una firma con su sociedad, para exigir que se hagan a precios de mercado. Hace un lustro, de otra parte, se cambió la llamada Ley Beckham, pensada para atraer a talentos científicos ofreciéndoles baja tributación, para evitar que, como ocurría, se aprovechase para fichar a deportistas de élite.

En cualquier caso, Hacienda viene ganando la batalla fiscal a los famosos por unas irregularidades que están sujetas a diferentes grados de castigo. Así, solo se considera delito fiscal cuando la cuantía reclamada supera los 120.000 euros y se aprecia dolo, por intención de ocultación, como en los entramados enclavados en delitos fiscales. Estas causas pasan a la justicia penal.

Sin embargo, son los recursos de los afectados los que a menudo llevan el asunto a manos de un juez pues los casos de sociedades interpuestas en España se suelen saldar administrativamente con una infracción leve, detallan en Gestha. Se multan con el 50% de la cuota defraudada; del 50% al 100% si hay ocultación; y del 100% al 150% en casos muy graves. A su vez, en muchos casos judicializados el contribuyente y Hacienda acaban llegando a un pacto antes del fallo, lo que rebaja esas multas por debajo, al 25% del monto, critican desde Gestha.

El contribuyente, responsable directo, es el objeto tradicional de estas causas. Últimamente, sin embargo, van cobrando peso los procesos en que se imputa también al asesor fiscal, después de que el Tribunal Supremo echara en falta su presencia en el juicio a Messi. Como consecuencia, estos asesores han pasado a formar parte de causas como la del jugador de fútbol Xabi Alonso o la de la asesoría Nummaria, que también implica a clientes suyos como los actores Imanol Arias y Ana Duato.

A falta de ver si esta tendencia se consolida, Hacienda promete mantener su cruzada contra la elusión fiscal de los famosos pues evitar estas irregularidades es ya un punto habitual del plan anual de la Inspección y ha permitido al fisco recuperar decenas de millones en los últimos años.

viernes, 12 de julio de 2019

¿Quién maneja, de verdad, la economía española?


¿Quién maneja, de verdad, la economía española?


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Bruselas acaba de elevar el crecimiento de la economía española al 2,3% para este año, dos décimas más del previsto en primavera.  Esta mejoría de las previsiones se une a las ya avanzadas por el Banco de España y otras instituciones y precede a la anunciada revisión por parte del Gobierno en funciones.

Como acaba de destacar Nadia Calviño, España es el "único gran país" cuya evolución económica la Comisión Europea no revisa a la baja. O sea que se supone que, económicamente, las cosas se están haciendo bien.



Prueba de ello es que la Comisión Europea cerró el mes pasado el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo. ¿Pero qué políticas económicas están teniendo dichos efectos?

Los Presupuestos socialistas

El Gobierno que salió de la moción de censura propuso unos Presupuestos que contemplaban aumentar un 9,5% la recaudación hasta los 227.356 millones de euros, mediante subidas del Impuesto Sobre Sociedades, del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y a las rentas del capital a partir de 140.000 euros. Además de subidas del diésel; crear el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales... Elevar el gasto previsto de un 40% más para vivienda o la inversión en infraestructuras, un 18%...

Pero todo esto nunca llegó a aplicarse porque, al no lograr apoyo suficiente para los Presupuestos, Pedro Sánchez convocó elecciones.

Lo que sí se aprobó fue la subida del salario mínimo (SMI) en un 22,3% hasta los 900 euros; la revalorización de un 1,6% de las pensiones y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros; la subida salarial de los empleados públicos para 2019, como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%; la ampliación del permiso  de paternidad, y la reforma de los alquileres, dando mayor permanencia a los inquilinos.

Los Presupuestos de Montoro

A fecha de hoy, la economía sigue regida en su mayor parte por los Presupuestos (prorrogados) que elaboró el gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

De hecho, cuando Bruselas decidió cerrar el expediente a España por déficit excesivo el mes pasado, advirtió que existe un riesgo de que se desvíe de forma "significativa" el ajuste fiscal. Y pidió tomar medidas este año y el que viene para asegurar que el gasto público primario no crece más de un 0,9% del PIB en 2020 y "usar las ganancias inesperadas para acelerar la reducción del ratio de deuda con respecto al PIB", además de "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones".La no subida de impuestos, al no haberse aprobado los nuevos Presupuestos,  unida a los gastos sí aprobados, podría elevar cuantiosamente el ajuste necesario en los próximos años.

Mientras, los diferentes partidos políticos dedican su tiempo a dilucidar quién es investido presidente y forma gobierno.

Se podrá discutir qué política económica conviene más al país, pero lo que es evidente es que hasta aquí hemos llegado en buena parte con la 'heredada' de Montoro, aderezada con nuevas medidas de gasto. Estirar los Presupuestos algún año más puede ser sostenible, pero no es lo deseable ni daría tan buenos resultados como hasta la fecha.

Una economía que por ahora funciona sola, pero necesita reformas


 


España ostenta todavía una fortaleza envidiable, aunque debe alimentarse adecuadamente para que no pierda fuelle




La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviñp, anunció ayer que el Gobierno retocará al alza las previsiones de crecimiento de la economía española este año y el próximo, sin especificar el dato, pero apuntando a que se hará “en línea con algunos de los que ya han revisado la previsión”. A la cabeza de esas revisiones figura la de la propia Comisión Europea, que el miércoles elevó dos décimas, hasta el 2,3% el dato de crecimiento de España para este año, aunque dejó intacto el de 2020. Pero también las de varios servicios de estudios, entre ellos, el del Banco de España, que en los últimos tiempos han corregido sus números al alza respecto a los indicadores de actividad en nuestro país.





La primera conclusión que se puede extraer de esta mejora compartida de cifras es la aparente impermeabilidad de la economía respecto al bloqueo en que se halla instalada la vida política española y sus muchas dificultades y desencuentros para forjar alianzas y formar Gobierno. Como reconocía ayer el propio comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, al comentar la mejora de las perspectivas españolas, “no sería la primera vez que hay incertidumbre en España”, lo cual no solo es cierto, sino que apunta a una más que probable sobrevaloración del papel de los Gobiernos en el impulso de las economías.












Pese a ello, España no es una isla, sino un Estado europeo y una economía que forma parte de una coyuntura global en la que los riesgos no han desaparecido y se ciernen como un plomizo cielo gris sobre el futuro inmediato. Pese al amago de tregua planteado en la última reunión del G20, EE UU y China no han bajado sus armas comerciales. Lo mismo ocurre con otras políticas proteccionistas de Washington o con el embrollo de un Brexit que sigue sin resolverse, cuantificarse y descontarse en los mercados. En medio de una Europa de crécimiento anémico, España ostenta de momento una fortaleza envidiable, pero esta debe alimentarse adecuadamente para que no pierda fuelle –sectores como el del turismo están experimentando ya un inicio de desaceleración– y sea capaz de capear el enfriamiento económico mundial.

Ello supone contar con un Gobierno solvente y equilibrado, que huya de viejas recetas económicas que han demostrado sobradamente su ineficiencia y logre aprobar un Presupuesto dirigido a realizar el juste fiscal de 15.000 millones que España tiene que realizar en los próximos dos años, así como abordar reformas estructurales pendientes, como la de avanzar hacia un sistema de pensiones sostenible y seguir flexibilizando una economía capaz de enfrentarse al futuro

Torres anuncia una reforma fiscal para financiar una amplia agenda social


 


El nuevo Gobierno canario subirá impuestos a quienes más tienen, creará tributos medioambientales, perseguirá el fraude y negociará con Madrid unos fondos justos








Ángel Víctor Torres, ayer tras finalizar su discurso.
Debate de investidura de Ángel Víctor Torres





FISCALIDAD


"Quien más tiene más debe pagar para que más reciba quien más lo necesite"


Ángel Víctor Torres



 

EDUCACIÓN


"El futuro de Canarias depende de que en el presente entreguemos a nuestros hijos la mejor educación posible"


Ángel Víctor Torres



 

SANIDAD


"Un canario no puede ser un español de segunda cuando se trata de esperar por una intervención"


Ángel Víctor Torres



 

RELACIONES CON EL ESTADO


"La constancia y la ?rmeza no pueden ni deben dinamitar los cauces para un diálogo como mejor vía"


Ángel Víctor Torres



 





El discurso con el que el socialista Ángel Víctor Torres se presentó ayer en el debate de investidura que finalizará hoy con su elección como presidente del Gobierno de Canarias fue una extensión del pacto de las Flores firmado el pasado 20 de junio por PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG). El programa de gobierno con el que se conducirá el cuatripartito pondrá el acento en un impulso a las políticas sociales para acudir en auxilio de quienes soportan peores condiciones económicas. El incremento de los ingresos para financiar esa apuesta, en la que incluyó acciones ya afrontadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, se alcanzará mediante una reforma fiscal de calado.

El socialista desgranó una retahíla de proyectos que ya funcionan e introdujo como principales novedades la renta básica para quienes menos ingresos tienen, la educación para los niños de cero a tres años y la generación de un parque público de vivienda capaz de evitar que quienes sufren un desahucio vivan en la calle.





Torres se propone construir "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". O lo que es lo mismo, que pague más quien más tiene "para que más reciba quien más lo necesite".

No bajó al detalle en esta declaración de intenciones más allá de la revisión de las bonificaciones fiscales implementadas por el Gobierno saliente y que, según sus cálculos, supusieron una merma de dinero a las arcas públicas de la comunidad autónoma superior a los 300 millones de euros anuales. Recuperar esa suma tampoco le bastará para poner en marcha todas las mejoras que dibujó para los servicios básicos esenciales: sanidad, educación o dependencia, principalmente.

De hecho, admitió compartir algunas de esas rebajas de la presión fiscal. Otras le parecen "desacertadas" y las revisará guiado por dos principios: no perjudicar "a las rentas bajas y a los contribuyentes con menos capacidad de gasto" y, precisamente, alcanzar "la recaudación necesaria para abordar las principales propuestas" del programa de gobierno.

Además de dotar de más "recursos técnicos y humanos" a la Agencia Tributaria Canaria para poner cerco a los evasores, incluso echando mano del big data, todavía necesitará el Ejecutivo nuevas figuras impositivas que permitan una entrada de fondos mayor. El flanco a explotar es el de la protección del medio ambiente.

"La creación de impuestos ambientales estará vinculada a la puesta en marcha de un Plan Integral de Lucha contra el Cambio Climático", señaló Ángel Víctor Torres. Una vía para captar más recursos que, además, "incluya objetivos como la transición energética hacia fuentes de energías renovables, la movilidad sostenible, el reciclaje y tratamiento de los residuos, la depuración o la reutilización de las aguas", citó.

Llegado a este punto expuso el estudio y análisis que se hará para "la posible implantación de un impuesto o ingreso sobre las estancias turísticas en Canarias". ¿Para qué? El nuevo presidente del Archipiélago, que hoy lo será, explicó que la recaudación se dedicaría "de forma finalista al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, a la mejora en las condiciones laborales de las mujeres y hombres que trabajan en el sector, al impulso de un turismo sostenible, a la preservación de los espacios y recursos naturales, y a la recuperación del patrimonio histórico y mantenimiento del paisaje agrario", precisamente estos últimos, activos del "atractivo turístico" que encierra el Archipiélago.

Abordó la lucha contra el cambio climático en diferentes partes de su discurso y la colocó el lugar preeminente. De entre todas sus apuestas destacó el adelanto en diez años con respecto a la fecha prevista por el anterior gobierno del momento en el que será posible cubrir toda la demanda eléctrica con fuentes renovables.

Entre otras cuestiones, los presupuestos de la comunidad autónoma deberán dotar suficientemente una renta ciudadana de inclusión social, que se extenderá "a las miles de personas que perciben en Canarias pensiones no contributivas". Además, las cuentas deberán sostener un Plan de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, un Plan Integral de Vivienda, otro para parados de larga duración, en definitiva un gran acuerdo "por la consolidación de los servicios públicos esenciales" con todas esas medidas, las ya en marcha y las que no lo están.

Incluye llevar la inversión en educación y becas "al 5%" del producto interior bruto (PIB) del Archipiélago, caminar hacia "una educación de cero a tres años universal, pública y de calidad" o recuperar, "los comedores escolares de verano".

Sin abandonar el ámbito formativo, Torres anunció su apuesta por incrementar la "oferta de Formación Profesional", ahondar en la lucha contra el acoso escolar y reducir la carga burocrática para el profesorado. "El futuro de Canarias depende de que en el presente entreguemos a nuestras hijas e hijos la mejor educación posible".

La declaración de intenciones siguió la misma tónica en lo referente a sanidad. El candidato a presidir Canarias desgranó una serie de medidas que, en muchos casos, ya están en marcha y pretende reforzar. Por supuesto no faltó la alusión a las listas de espera, que abogó por reducir hasta el mínimo posible. "Un canario no puede ser un español de segunda cuando se trata de esperar por una intervención", afirmó.

Sobre vivienda anunció un estudio para conocer el número exacto de casas vacías que existen en el Archipiélago, "incluyendo un inventario exhaustivo de aquellas en poder de los bancos que fueron obtenidas por ejecución hipotecaria".

A este aviso a navegantes sumó el fomento del alquiler y un incremento del parque de vivienda pública por tres vías: adquisición de casas terminadas, de otras en ejecución y la construcción de nuevos inmuebles para residir. Con estas armas, pretende dar carta de naturaleza a un "programa especial de ayuda a personas en situación de desahucio". Es decir, ofrecer una "solución habitacional adecuada" o alquileres sociales a quienes se enfrente a estas circunstancias.

Para la necesaria mejora de los ingresos, el también secretario regional de los socialistas cuenta con el Gobierno central y con que este dote a las Islas de "la adecuada financiación autonómica que precisan". No lo hará por la vía del enfrentamiento: "Creemos firmemente en que la constancia y la firmeza no pueden, ni deben, dinamitar los cauces para un diálogo como la mejor vía para solucionar los problemas reales de los canarios", detalló.

La advertencia encerraba una alusión a los encontronazos que Coalición Canaria (CC) ha mantenido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el último poco más de un año. Quien hoy será el primer presidente autonómico canario socialista en 26 años señaló que el Gobierno de España es el que defenderá ante Bruselas que Canarias no vea recortados los fondos europeos que recibe en el escenario postbrexit. El mismo que comandará la reforma del sistema de financiación autonómico y el que tiene que dar permiso para que pueda utilizarse el superávit generado por las Islas. "Negociaremos, porque ese es el camino, negociar", advirtió.

Otro de los ejes sobre el que pivotará la acción de gobierno será la consecución de una economía competitiva, sostenible y justa. "Es la economía la que debe estar al servicio de la sociedad y no a la inversa", apuntó Torres. El reto a afrontar, según su percepción, es mejorar los niveles de productividad, "es decir, crear empleo de mayor calidad".

Para conseguirlo, anunció cambios en el modelo económico que comienzan por el fomento de la "inversión productiva" en lugar de especulativa. Sobre todo porque la primera supone "una base más sólida de progreso". ¿Y esa apuesta inversora tendrá por objeto las infraestructuras? Sí, siempre y cuando estas sean "estratégicas y necesarias".

Esos preceptos subjetivos se acercarán más a la materialización a través de planes estratégicos de infraestructuras insulares que se elaborarán en coordinación con los cabildos. Tendrán prioridad las que persigan mejoras en la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, tales como las que fomenten las energías renovables, la depuración de aguas, el reciclaje de residuos, la movilidad sostenible, la mejora de entornos turísticos o la creación de vivienda pública destinada al alquiler.

A lo largo de su discurso y también en este capítulo, el aspirante a presidente introdujo un guiño a sus socios gomeros al incluir entre las obras prioritarias las que faciliten "la movilidad de personas y mercancías entre las islas capitalinas y no capitalinas". Antes les había tocado a NC, con la tasa turística, y Podemos, a la hora de mencionar los inmuebles vacíos en manos de los bancos.

No concretó si la Radio Televisión Canaria (RTVC) pasará a tener un modelo de gestión público o se quedará en el mixto por el que se rigió desde su creación. Solo avanzó que los medios propiedad de la comunidad autónoma deberán mantener una "exquisita imparcialidad" y ser "plurales" y de "calidad".